El politólogo Alejandro de la Barra Villarroel y su esposa, la actriz Ana María Puga Ortiz, fueron asesinados a mansalva en las afueras de un jardín de infancia al que habían ido a buscar a su hijo de un año, según señala el expediente.
Ambos eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que combatió con las armas contra la dictadura (1973-1990).
El fallo, dictado de forma unánime por la III Sala del tribunal de alzada, modifica un punto de la sentencia de primera instancia, emitido en 2013 por el juez especial Leopoldo Llanos.
La participación penal del brigadier Miguel Krassnoff pasó de encubridor a autor, por lo que su condena original de cinco años de prisión pasó a ser de quince años.
También recibieron una pena de quince años el general retirado Manuel Contreras, exjefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Pinochet, el brigadier Pedro Espinoza y los coroneles Marcelo Moren Brito y Ricardo Lawrence.
A diez años de prisión, en calidad de cómplice, fue condenado el exagente Eduardo Jaime Astorga.
El general Contreras acumula penas por cerca de 400 años de cárcel, mientras Espinoza, Krassnoff y Moren Brito se aproximan a los 300 años tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones de los derechos humanos.
En la parte civil, la Corte confirmó el pago de una indemnización fiscal de 50 millones de pesos (unos 87.500 dólares) a Rodrigo Hernández Puga, hijo de la mujer asesinada y de una suma similar, cofinanciada por los condenados, a Álvaro de la Barra Puga, el hijo al que sus padres iban a buscar cuando fueron asesinados.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
