08 ago. 2025

Condenan a ex jueza chaqueña por adulterar contenido de un acta

La ex jueza chaqueña Graciela Ramírez Martínez fue condenada a un año de cárcel, con suspensión de ejecución de la condena, tras ser hallada culpable de adulterar un acta judicial para favorecer el despojo de tierras en el Chaco.

263-60-7997.jpg

Juzgado. El juicio oral se realizó en la sede del Poder Judicial de Puerto Casado, en el Chaco paraguayo.

Foto: Gentileza.

El tribunal de sentencia integrado por los jueces Pedro Cantero Santacruz, Liz María Cañete y Guillermo Sanabria Centurión, en juicio oral realizado en Puerto Casado, Chaco, declaró culpable de producción inmediata de documentos públicos a la ex jueza de la Niñez y Adolescencia Graciela Ramona Ramírez Martínez.

La ahora ex magistrada fue condenada a un año de prisión por el citado hecho punible. La sanción penal fue suspendida a prueba, por el plazo de dos años, según determinó el tribunal de sentencia.

En el mismo proceso, ya anteriormente la actuaria judicial Nancy Farías fue beneficiada con la suspensión condicional del procedimiento, luego de reconocer los hechos investigados.

Igualmente, en el mismo proceso penal también está acusado el ex juez civil Leopoldo Villalba, para quien se debe realizar la audiencia preliminar, que fue suspendida en varias ocasiones.

Según la acusación fiscal, defendida por el agente Luis Lionel Piñánez, el 8 de febrero de 2019, Ramírez Martínez –junto con su actuaria Nancy Farías– habría elaborado un acta de constitución judicial en el establecimiento de Chih Ming Kuo, donde supuestamente constata la construcción de un callejón que une cada uno de los inmuebles entre sí, en la zona fronteriza .

La denuncia fue presentada por el ciudadano alemán Franz Dick, representante de la firma Starland SA, quien denunció que le quisieron despojar de su inmueble que tiene cuatro fincas, con una superficie total de 18.351 hectáreas con 2.893 metros cuadrados.

El acta fue elaborada cuando la jueza de la Niñez interinó a su colega Villalba en un juicio civil por usucapión en la zona de Fuerte Olimpo, Departamento del Alto Paraguay, conforme con la acusación fiscal.

Según se probó en el juicio oral, en la constitución judicial hicieron constar falsamente en el acta mejoras correspondientes al inmueble de la firma Starland SA, de modo a favorecer al demandante.

En el juicio oral, el fiscal Luis Piñánez solicitó la pena de un año y medio de cárcel. Por su parte, los abogados Andrés Cardozo y Pedro Molinas requirieron la absolución de culpa y reproche.

Después, en forma unánime, el tribunal de sentencia encontró culpable a la ahora ex jueza y la condenó a la citada pena.

Más contenido de esta sección
La Sala Penal de la Corte redujo de 20 a 19 años de cárcel la pena de un hombre que mató a una despensera para robarle. El hecho se registró el 25 de setiembre de 2018. El condenado había sido capturado una semana después, en un motel de Lambaré.
El farmacéutico imputado por el caso de la muerte de la joven María Fernanda Benítez, de 17 años, fue beneficiado con el arresto domiciliario por el juez de Garantías de Coronel Oviedo, tras la revisión de medidas. Según la imputación, había vendido los medicamentos abortivos al adolescente imputado por el crimen.
La Corte rechazó la recusación que planteó la defensa del condenado Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del JEM, contra los camaristas Arnulfo Arias y Digno Arnaldo Fleitas. Pese a que su condena fue ratificada por el Máximo Tribunal, sigue sin cumplir su pena de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El Tribunal de Sentencia fijó para el próximo 8 de octubre, al mediodía, el inicio del juicio oral y público contra la odontóloga, el anestesista y el endodoncista acusados de la muerte de la niña Thirza Belén Portillo, durante una intervención odontológica en el 2021.
Con varias declaraciones testificales, siguió esta mañana el juicio oral contra Juan Sebastián Coronel, encargado del Centro Cultural La Chispa, acusado por supuesta contaminación del aire y ruidos dañosos, ante el Tribunal de Sentencia. La defensa anunció que ofrecerá como testigo a la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei.
El juez de Garantías Rolando Duarte advirtió que no vacunar a los niños constituye un delito penado por la ley. Señaló que se configura como el hecho punible de violación del deber de cuidado y educación, y que, en casos graves –cuando el menor muere a raíz de la enfermedad–, incluso podría tipificarse como homicidio doloso.