El ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas, fue condenado ayer a cumplir una pena privativa de libertad de 7 años por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cometidos durante su administración del ente estatal.
Los hechos fueron comprobados en un primer juicio, en el que Cárdenas fue sentenciado a 4 años de cárcel, pero la Fiscalía apeló la decisión del Tribunal, ya que había solicitado una pena más alta.
En un segundo juicio, la fiscal de la causa, Natalia Fúster, quien llevó la acusación por el Ministerio Público, solicitó de nuevo 11 años de prisión para Cárdenas.
Sin embargo, la sentencia dictada por el Tribunal, conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Yolanda Portillo, de manera unánime, es de 7 años de encierro para el ex funcionario.
la causa. El 9 de abril del año pasado, el Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Manuel Aguirre, Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado, condenó a Justo Pastor Cárdenas a la pena de 4 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En el juicio oral y público fueron absueltos Allan Cárdenas Rodríguez, Justo Cárdenas Pappalardo y Alexandra Cárdenas Pappalardo, hijos del ex titular del Indert y se levantaron las medidas cautelares contra ellos.
La fiscala Natalia Fuster presentó un recurso de apelación especial en la causa, tras la condena de cuatro años de cárcel. En la apelación, la Fiscalía había solicitado la revocación parcial, a los efectos de que otro Tribunal de Sentencia realice un nuevo juicio oral sobre la medición de la pena.
Para la fiscala Fuster, la condena contra Cárdenas fue “irrisoria”, por el hecho de que en el juicio se comprobó que se enriqueció ilícitamente dentro de la función pública, “ocultando sumas de dinero provenientes de un hecho antijurídico, integrando capital social tanto a su nombre como al de su madre e hijos, disimulando la procedencia y la adquisición de inmuebles”.
A Cárdenas y a su familia se les detectó una diferencia de G. 4.164 millones que no pudieron justificar, según la acusación de la Fiscalía.
