Por los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y utilización indebida de recursos municipales para su campaña electoral, los concejales Ernesto Guerín y Jaime Méndez denunciaron al candidato a intendente Dani Pereira Mujica.
El abogado Samir Sánchez, representante de los concejales, explicó que la denuncia se sustenta en evidencias y testimonios que indican que el aspirante a la intendencia habría utilizado equipos, maquinarias y personal de la Municipalidad en actos proselitistas. “Algún equipo debía estar trabajando para la comunidad, no haciendo campaña política. Por eso, los concejales, en su rol de fiscalizadores, solicitaron que se actúe con firmeza”, afirmó el abogado.
De acuerdo con el documento presentado, Pereira Mujica habría hecho uso de obras municipales, infraestructura, personal y medios institucionales –incluidos los eventos públicos y las páginas oficiales– para promover su candidatura.
La denuncia también hace referencia a la realización de actividades políticas en espacios vinculados a proyectos municipales y la difusión de su imagen a través de canales financiados con fondos públicos.
“Es evidente el uso de recursos que pertenecen al contribuyente: vehículos municipales, funcionarios en horario laboral, materiales y hasta eventos de la Comuna. Todo eso constituye un uso indebido del erario público con fines partidarios”.
La denuncia también apunta a la intendenta interina, María Portillo, por su presunta anuencia ante las acciones del candidato. Según el abogado, “ella es quien actualmente tiene el control administrativo y permite que se utilicen recursos municipales para actividades políticas”.
Lea más: Dani Mujica calificó de simbólica la interna y criticó corte del proceso en CDE
Asimismo, se menciona al ex intendente Miguel Prieto, destituido anteriormente por presuntos actos de corrupción, como posible colaborador o cómplice en la estructura política que respalda al movimiento de Pereira Mujica.
Sánchez destacó que, de acuerdo con la legislación vigente, tanto la usurpación de funciones públicas como el uso indebido de recursos del Estado están contemplados en el Código Penal y en la Ley de Financiamiento Político, con sanciones que pueden incluir multas y penas de hasta cinco años de prisión.
La denuncia también cuestiona la declaración de gastos electorales presentada por el candidato, quien habría informado un presupuesto de apenas G. 10 millones para toda su campaña.
El abogado insistió en que el objetivo de la denuncia no es únicamente sancionar un hecho concreto, sino “sentar un precedente de transparencia y respeto a la ley”, ya que –según sus palabras– “no se puede naturalizar que las estructuras políticas utilicen el dinero de los contribuyentes para sostener campañas personales”.
“Lo que se busca es que la Justicia actúe con independencia y que los recursos de la Municipalidad no sean desviados hacia campañas políticas. Los concejales cumplen su deber al denunciar, pero corresponde a la Fiscalía y al Tribunal Electoral tomar las medidas necesarias para frenar estas prácticas”, concluyó Sánchez.
