Con 26 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó este martes un proyecto de resolución con el cual acusan ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los agentes fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán por mal desempeño de funciones. El caso se enmarca en la investigación de la muerte del fiscal contra el crimen organizado Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo pasado.
Tras haber estudiado un par de puntos en la sesión extraordinaria, la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi propuso adelantar el estudio de la acusación contra los representantes del Ministerio Público, que estaba en el último punto del orden del día.
Calificó de llamativo los argumentos de los agentes con relación a los peritajes de celulares en la causa, porque “se contradicen”, así como cuestionó que volvieran a referirse sobre el punto coincidentemente después de que haya saltado a la luz el contrato sobre una supuesta coima que involucra al hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, con el extraditado Kassen Mohamad Hijazi.
En julio pasado, las Fiscalías paraguaya y colombiana realizaron requisas en tres celdas en Paraguay, ya que se sospecha que el crimen se gestó en las cárceles. Entre dichos controles se encontraba la celda de Hijazi, quien había sido detenido en Ciudad del Este, Alto Paraná, y el fiscal Pecci tuvo activa participación para ello.
“Lezcano dijo desconocer el contenido porque nunca se hizo la extracción, aseguró que se entregó a la fiscala general (Sandra Quiñónez), a la fiscala Sapriza y a Doldán. Después dijo que llevó la DEA (de Estados Unidos), luego dijo que no se podía analizar, que había problemas de idioma. Nadie sabe qué pasó con esos celulares”, comenzó argumentando la legisladora Masi.
Seguidamente, lamentó que en Colombia se hayan presentado avances significativos en la investigación del caso de la muerte de Marcelo Pecci, mientras que en Paraguay siguen realizando peritajes y aún no se dan mayores informaciones al respecto. “Esto es una tomadura de pelo”, aseveró.
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“Cuando se mata, todas las vidas son importantes, pero cuando se mata a un juez, a un fiscal, a un periodista, el mensaje es mucho más fuerte. El mensaje del Estado tiene que ser más contundente. Siete meses después la Fiscalía paraguaya sigue sin hacer el análisis. ¿Eso es una respuesta contundente del Estado ante la muerte de un fiscal?, de ninguna manera”, añadió.
Asimismo, el colorado Enrique Baccheta dijo que, si bien él no podrá votar por ser titular del JEM, este es el momento en que sus colegas deben tomar una postura sobre el punto. Dijo que el Senado, por ley, tiene la potestad para aprobar este tipo de resoluciones para acusar cuando haya necesidad.
Por su parte, el senador Sergio Godoy, de Honor Colorado, dijo que “le sorprende” las aseveraciones de Masi contra los fiscales y que al aprobar la resolución se estaría acusando “sin siquiera escucharlos”. “Tenemos que saber por lo menos qué opinan (los fiscales) y saber si los hechos realmente ocurrieron”, alegó.
Acompañó las expresiones de Godoy el colorado Enrique Riera, quien responde al mismo sector. De esta manera, una vez más los cartistas buscaron salvar a representantes del Ministerio Público, teniendo en cuenta la ya conocida cercanía de su líder, Horacio Cartes, con la titular de la entidad judicial, Sandra Quiñónez.
“Siempre los fiscales son los responsables. No pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que cuando acusa en lo personal, el momento más difícil no es la acusación, sino es cuando el juez te convoca para ratificar la acusación”, alegó Riera.
Finalmente, el parlamentario Jorge Querey, del Frente Guasu, manifestó que en el JEM se hacen las investigaciones por el mal desempeño de funciones, por lo que considera que corresponde que se lleve a votación. “Esto es construir institucionalidad”, añadió.
El asesinato de Pecci
El homicidio del fiscal Marcelo Pecci ocurrió el 10 de mayo de este año en la isla de Barú, Cartagena de Indias, Colombia, donde estaba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera. En el último día fue abordado por Wendre Carrillo, quien le propinó disparos de arma de fuego.
Por el caso, cuatro implicados en el crimen ya fueron condenados a 23 años y seis meses de prisión en Colombia, debido a que los mismos admitieron su responsabilidad en el asesinato. La familia del difunto representante del Ministerio Público había pedido la condena máxima, mientras que la Fiscalía local una pena ejemplar.
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Mientras tanto, aún sigue en proceso Luis Fernando Machado López, el presunto ideólogo del crimen, quien negó los cargos. Debe afrontar una audiencia pública en febrero de 2023, en cuya ocasión los familiares de Pecci esperan recibir nuevos datos relevantes en la causa.
En Paraguay, la investigación aún sigue sin muchos resultados. Estados Unidos incluso ofreció unos USD 5 millones de recompensa para las personas que puedan proveer información sobre los responsables del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
