El proyecto que reglamenta la figura constitucional de la pérdida de investidura aprobado por la Cámara Baja, también denominado ley de “autoblindaje”, sigue generando polémica por su redacción y, en este caso, respecto a su artículo 23, que señala acciones contra los que presenten denuncias que tengan “mala fe”, lo cual puede ser utilizado como una forma de amedrentar y criminalizar la lucha ciudadana, según manifestó Aidé Vera, de la Comisión de Escrache Ciudadano.
La ciudadana fue una de las que encabezaron las movilizaciones que tumbaron a varios legisladores, entre ellos, el ex diputado colorado José María Ibáñez, el ex senador colorado Óscar González Daher y el ex legislador del Unace, Jorge Oviedo Matto.
“La intención de ellos es criminalizar la lucha, porque realmente no es esa la forma en la que ellos deberían comportarse, porque el artículo 138 de la Constitución Nacional nos habilita a todos a resistir a los usurpadores con los medios que tengamos, y nosotros no tenemos otro medio más que manifestarnos, que también está amparado en el artículo 38, y ellos no tienen por qué criminalizar la lucha”, dijo.
Agregó que, además, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no es el órgano competente para entender este tipo de situaciones ni juzgar a los miembros que conforman el Poder Legislativos, y que se evidencia que los políticos en el Parlamento buscan blindarse a través de la burocracia y de instituciones donde pueden presionar para no ser sancionados.
APLICACIÓN DIRECTA. La abogada y activista señaló que el artículo constitucional de la pérdida de investidura debe ser aplicado directamente y sin vueltas, tal como estaba siendo aplicado.
“Nosotros conversamos con la diputada Rocío Vallejos respecto a la reglamentación que ella tenía, y es el único proyecto con el que nosotros estamos de acuerdo, porque tiene que ser de aplicación directa el artículo 201 de la Constitución Nacional, teniéndose en cuenta el debido proceso, pero ellos no deberían de realizar ningún proyecto de ley que cambie y genere dilación respecto a los pedidos que se presenten, como el que nosotros pedimos respecto al diputado liberal Carlos Portillo”, manifestó Aidé Vera.
ORGANIZACIÓN. La activista agregó que todas estas movidas de los legisladores buscan amedrentar a las personas que se organizan y protestan contra ellos, y que de aprobarse este proyecto de ley, sería un gran retroceso para la ciudadanía.
Dijo que seguirán luchando y preparan una gran marcha ciudadana para el día 21 de diciembre, así como también siguen realizando mesas de trabajo con la Fiscalía, solicitando abrir otra con la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República.
“Tuvimos una reunión con la fiscala Soledad Machuca, que recibió a personas de diferentes lugares que están peleando contra la corrupción de sus autoridades en sus respectivas localidades, contra el gobernador, el intendente y otros”, dijo.
Recordó que se vive un retroceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde nuevamente asumió un político y ese mismo día enjuiciaron al fiscal que había imputado al diputado Eusebio Alvarenga, ahora vice en el JEM.
Lo que dice parte del proyecto
Art. 23. Cuando el Tribunal Electoral de la Capital o el Tribunal Superior de Justicia Electoral advierta la posible comisión de hechos punibles por parte del congresista, o temeridad o mala fe en la acusación, la sentencia definitiva recaída ordenará que se realicen compulsas de toda la actuación, a los efectos de su remisión a las autoridades competentes para las investigaciones y sanciones correspondientes en el fuero ordinario.
Opinión
“La pérdida de la investidura tiene que ser directa”
La activista social Aidé Vera, de la Comisión de Escraches, dijo que la pérdida de la investidura es una figura constitucional que no puede ser modificada con un proyecto de ley que busque dilatar el proceso o amedrentar a quienes denuncien a los legisladores.“Ellos no deberían de realizar ningún proyecto de ley que cambie y genere dilación respecto a los pedidos que se presenten, como el que nosotros pedimos respecto al diputado liberal Carlos Portillo”, manifestó. Aidé Vera, activista social.
