15 may. 2026

Con comida gratis piden en Argentina reglamentar la ley de emergencia social

Buenos Aires, 24 ene (EFE).- Organizaciones barriales repartieron hoy comida gratuita elaborada en “ollas populares” para reclamar la reglamentación de la ley de emergencia social, aprobada por unanimidad en el Senado argentino el pasado diciembre y que supondrá invertir 1,8 millones de dólares para luchar contra la pobreza.

Integrantes de la organización 'Barrios de pié' reparten comida durante la instalación de una olla popular, este 24 de enero de 2017, en los alrededores del Obelisco de Buenos Aires (Argentina). EFE

Integrantes de la organización ‘Barrios de pié’ reparten comida durante la instalación de una olla popular, este 24 de enero de 2017, en los alrededores del Obelisco de Buenos Aires (Argentina). EFE

Los cooperativistas repartieron platos de pasta a los pies del céntrico Obelisco de Buenos Aires para pedir que se establezcan los mecanismos que permitan aplicar una ley que fue aprobada y sancionada, explicó a Efe el coordinador de la asociación Barrios de pie capital, Walter Córdoba.

Establecer un salario social complementario, una obra social para cooperativistas y crear 100.000 puestos de trabajo son algunos de sus reclamos.

Según Córdoba, “el 30 % de los trabajadores” realiza su actividad “en negro” y, a su juicio, la aplicación de este texto implicará reconocer los “derechos mínimos” de estas personas.

A través de la instalación de las ollas populares, seguida de una recogida de firmas, también solicitaron que la asignación universal por hijo se actualice a medida que aumenta la inflación, explicó Leandro Martín, miembro de Barrios de pie.

Martín subrayó el “logro” que supuso que se aprobara la ley el pasado diciembre e insistió en la necesidad de “presionar” al Ejecutivo para que ponga en marcha lo antes posible un texto que es una “prioridad”.

A principios de diciembre las organizaciones sociales sacaron a las calles de Buenos Aires diversas “ollas populares” para pedir frente al Congreso que se aprobara el texto legislativo, que fue fruto de un acuerdo entre el Gobierno y las principales organizaciones sociales.

La ley requerirá una inversión de unos 30.000 millones de pesos (1,88 millones de dólares), crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario y el Registro Nacional de la Economía Popular, donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.

El objetivo es “garantizar la paz social” en el país y luchar contra el desempleo y la pobreza -actualmente en el 32,2 % de la población según estadísticas oficiales- mediante medidas como el aumento de las asignaciones universales.

Por su parte, el presidente Mauricio Macri aseguró la semana pasada que el país ha vuelto a crear empleo y crecerá de nuevo en 2017, aunque marcó como reto erradicar la pobreza, para lo que apostó por potenciar la implementación de la obra pública -que permita el desarrollo económico y la inclusión social.

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