En el documento, dirigido a las autoridades nacionales y a la opinión pública, las comunidades y organizaciones ayoreo sostienen que el Estado paraguayo estaría “criminalizando el hambre” al impulsar acciones judiciales contra miembros de la comunidad tras las protestas realizadas en agosto de 2024. Según el comunicado, en ese momento reclamaron la provisión de víveres suficientes en el contexto de la emergencia climática que afectó a la región, marcada por incendios forestales y una de las sequías más severas registradas en el Chaco.
Asimismo, la comunidad exige la renuncia del titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), coronel R. Arsenio Zárate, así como del asesor jurídico Raymond Crechi y otros funcionarios de la institución.
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Los firmantes afirman que la acción promovida por la SEN vulneraría la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros tratados internacionales ratificados por Paraguay, además de principios básicos del derecho procesal penal.
La comunidad sostiene que la medida judicial busca criminalizar una protesta que consideran legítima, relacionada con la defensa de derechos fundamentales como el acceso a la alimentación, el agua y la vida. Asimismo, expresan preocupación por lo que describen como una “represalia” por la intervención de la comunidad en defensa de sus parientes en aislamiento en la zona de Faro Moro.
En el comunicado también solicitan la intervención de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso Nacional para frenar lo que califican como una persecución que violaría principios elementales de ayuda humanitaria.
Además, advierten que, de continuar la situación, recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El documento lleva la firma de representantes de diversas comunidades y organizaciones indígenas del pueblo ayoreo, entre ellas la Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (UNAP).
