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Comuna reubica a Codeni y da oficina a cuestionado seccionalero

Desde la Municipalidad de Asunción alegan que no se hizo una correcta comunicación sobre la reubicación de la oficina de Codeni, que "coincide" con el nuevo cargo del presidente de la seccional colorada Nº 15, Maximiliano Ayala.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, respondió a Monumental 1080 AM acerca de las denuncias realizadas el lunes en las redes sociales sobre el desalojo de la oficina de Codeni de la Comuna.

Supuestamente, el lugar fue desmantelado para destinarlo al uso de la Dirección de la Policía Municipal Fiscalizadora, que estará a cargo de Maximiliano Ayala, seccionalero cuestionado años pasados porque figuraba como funcionario público permanente, pero supuestamente no se desempeñaba como tal.

Mora alegó a la radio que "la comunicación interna no fue la correcta" y que la oficina de la Codeni fue reubicada en las instalaciones de la Comisión Nacional Republicana de Acción Social (Conaras), donde tendrá las "condiciones adecuadas" para brindar sus servicios.

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"No es que se le desaloja", remarcó el jefe de Gabinete de la Comuna capitalina. Acotó que este edificio es de administración privada. "No tiene ninguna vinculación político-partidaria y está también el tema de cuál es el contrato de alquiler, que va a ser de G. 5 millones", añadió.

Dijo que áreas de cultura y de la orquesta que ensaya en San Jerónimo también van a ser reubicadas en el mismo lugar.

"Acá se dio una situación fortuita y una acción que es la nueva localización de Codeni, que coincide con el espacio que va a ocupar la nueva unidad, que va a estar a cargo de Maximiliano Ayala", expresó en otro momento.

Federico Mora indicó que Ayala fue designado como nuevo director de la Policía Municipal Fiscalizadora de Asunción, con un salario de G. 16 millones. Manifestó que es un profesional que está en un cargo de confianza.

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Asimismo, confirmó que el mismo sigue siendo presidente de la seccional colorada Nº 15.

Maximiliano Ayala había sido comisionado por el diputado Arnaldo Samaniego en 2018 en la Cámara Baja y cobraba G. 13.100.000, siendo funcionario permanente de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

Su caso fue cuestionado porque ingresó a Diputados para desempeñarse en la Dirección de Comunicación, pero presuntamente se encontraba más tiempo en la oficina del legislador del Partido Colorado.

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