20 abr. 2026

Comisión exige intervención y cierre del penal de CDE

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Hacinamiento. Denuncian que el penal de Ciudad del Este hay superpoblación de internos.

ÉDGAR MEDINA

La Comisión de Seguridad del barrio Boquerón de Ciudad del Este pidió una vez más la intervención de la cárcel de varones de Ciudad del Este a entidades del Estado y organizaciones internacionales, exigiendo el traslado de los reclusos a otro reclusorio.

Por otro lado, advirtió que recurrirían a una demanda nacional e internacional para lograr el cierre del penal de Ciudad del Este y garantizar las condiciones dignas para las personas privadas de su libertad.

El petitorio revela que actualmente se encuentran hacinados 1.580 internos, con 20 personas adicionales en espera de ingreso, lo que supera ampliamente la capacidad prevista para 400 reclusos, para lo cual tiene infraestructura la cárcel de varones de Ciudad del Este, basado en informe proveído por el director del penal.

Seguidamente, señalan que la situación crítica impide la reinserción social de los internos, ya que la falta de infraestructura adecuada para la educación y el aprendizaje de oficios se ve agravada por problemas como el colapso del sistema cloacal, que a su vez libera efluentes a la calle, bajo el peligro de contaminar el Lago de la República, ubicado en el mismo sector. Este hecho genera riesgos de salud, teniendo en cuenta que la Essap succiona agua para el tratamiento y posterior distribución desde el espejo de agua.

Entre las entidades destinatarias de las diferentes notas remitidas por el presidente, Eduardo Ramón Morales, se encuentran el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Mecanismo de Prevención de Tortura, la Municipalidad de Ciudad del Este, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja Suiza, la Oficina de las Naciones Unidas en Paraguay y la Secretaría del Ambiente (Mades).

La contaminación ambiental se ha convertido en un problema severo, ya que los efluentes cloacales son arrojados directamente en la Avenida Rogelio Benítez, desembocando en el lago de la República y lo que podría generar riesgos para la salud pública, señala parte de la nota enviada al intendente Miguel Prieto, el Mades y el Cuerpo de Bomberos de Ciudad del Este. El Mades solicitó la fiscalización para que se hagan cumplir las leyes ambientales y en caso de que no se de dicha situación que sea denunciado ante el Ministerio Público y a la ERSSAN, mientras que a la Municipalidad pidió que informe si la cárcel tiene los planos aprobados, así como a los bomberos, si tiene aprobado el sistema de prevención de incendios.

El petitorio revela que actualmente se encuentran hacinados 1.580 internos, con 20 personas adicionales en espera de ingreso, lo que supera ampliamente la capacidad prevista para 400 reclusos.

Piden fiscalización de DDHH La comisión también pidió a la oficina de las Naciones Unidas del Paraguay, la Cruz Roja Suiza y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que envíen observadores ante la crítica situación registrada en el penal, con relación a los derechos de las personas privadas de su libertad. La comisión pidió a estas entidades a que eleve informes al Gobierno para que se disponga el inmediato traslado de los reclusos al penal construido en Minga Guazú, que cumple con los requisitos estructurales exigidos por las Naciones Unidas. Recordemos que el ex gobernador Roberto González Vaesquen pidió en más de una ocasión el traslado de los reclusos al penal de Minga Guazú, por medidas de seguridad, teniendo en cuenta los casos de intentos de fugas y persecuciones policiales registrados en el penal, entre el vecindario, entre las que se encuentran instituciones educativas y locales gastronómicos.

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