“Todo listo para la audiencia ordinaria alterna del caso Lava Jato”, indicó el Órgano Judicial en una misiva, en la que recordó que la investigación se inició en 2016 por hechos noticiosos relacionados con esa operación en Brasil, “que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas”.
Ramón Fonseca Mora, cofundador junto con Jürgen Mossack del bufete epicentro del escándalo Papales de Panamá, confirmó a EFE que ambos están llamados a este juicio, que, reiteró, es “político”.
“Tenemos una carta del juez del Lava Jato en Brasil que dice que ni siquiera fuimos nombrados en ese juicio. Aquí usaron titulares de La Prensa, periódico amarillo, para acusarnos”, sostuvo.
Cientos de medios de comunicación publicaron en abril de 2016 más de 11,5 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca que revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufete para gestionar su patrimonio a través de sociedades offshore o extraterritoriales y presuntamente evadir impuestos.
La compañía, fundada en 1977 y considerada en su momento un actor destacado en la creación de sociedades extraterritoriales, llegó a tener más de un millar de empleados en decenas de oficinas de todo el mundo, pero acabó por cerrar en marzo de 2018.
Fonseca Mora sostuvo que su bufete no hizo “nada ilegal en 40 años de existencia”, y ha supeditado a intereses económicos y políticos los señalamientos en su contra
Dilación. El juicio por el caso Lava Jato fue programado para el pasado mayo, pero se suspendió debido a que un abogado presentó una incapacidad médica, de acuerdo con la información oficial, por lo que la diligencia quedó para la fecha alterna de entre el 26 de junio y el 7 de julio.
La audiencia, a cargo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que preside por la juez Baloísa Marquínez, contará con nueve defensores particulares, y en el caso de la ausencia de alguno de ellos, ya “el juzgado ha designado a siete defensores públicos alternos a fin de garantizar el derecho de defensa”, indicó.
