24 jul. 2024

Comedores en abandono

Durante la pandemia, las ollas populares fueron el único sostén de cientos de familias. En su mayoría, fueron lideradas por mujeres que, viendo las necesidades de su comunidad, armadas de solidaridad se echaron al hombro la tarea de garantizar el derecho a la alimentación. Su lucha permitió la promulgación de la Ley 6603 en el 2020, que establece apoyo y asistencia por parte del Estado a los comedores comunitarios.

En el 2022, la presión por el sostenimiento por parte de las comunidades logró la promulgación de la Ley 6945, que buscaba asegurar la alimentación de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. La implementación quedó a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Tadeo Rojas, y entregaban, sobre todo, alimentos no perecederos.

Sin embargo, los principales reclamos eran la falta de verduras y productos de origen animal. No hace falta ser experto en nutrición para saber que no es saludable –ni digno– almorzar todos los días solo arroz, fideos o tortilla.

Mientras más de un caudillo repartía kits de alimentos de dudosa procedencia en plena campaña política, para las ollas no alcanzaba. Durante este tiempo, las quejas sobre la mala calidad de los insumos eran numerosas.

Hoy, esa ley es letra muerta. Desde la Articulación de Ollas Populares Pyku’i denuncian que desde hace más de seis meses no reciben insumos, pese a contar con un presupuesto que supera los G. 11.000 millones.

Alrededor de 600 comedores que alimentan a alrededor de 150 personas cada uno son los principales afectados por esta negligencia de parte del Estado.

Además, se ven constantemente presionadas a cumplir con requisitos de lo más disparatados: desde la construcción de comedores comunitarios –edificación para la cual el Estado paraguayo no se comprometió a realizar aporte alguno– hasta la necesidad de un espacio destinado al almacenamiento de los insumos (aunque estos aún no existan).

De más está decir que estos comedores se encuentran en comunidades sumamente vulnerabilizadas y sometidas a las violencias del Estado.

Cumplir con estos requisitos significó, en muchos casos, endeudamiento, y en otros, esfuerzos solidarios que involucraron a cientos de personas. Aun así, los insumos no llegan.

En paralelo, en el Congreso Nacional almuerzan asados en el quincho de oro, cuya remodelación costó 700 millones de guaraníes al pueblo paraguayo. Con ese dinero, tres ollas populares podrían cocinar todos los días una comida digna para 150 personas durante todo un año. La inoperancia del Estado y la indiferencia de quienes nos gobiernan no son solo un insulto a la dignidad de las comunidades más vulnerables, sino una condena a la precariedad perpetua. Mientras los legisladores disfrutan de banquetes en su quincho de oro, financiado con recursos públicos, las ollas populares, que representan el último bastión de esperanza y solidaridad, se ven obligadas a mendigar por migajas. Esta grotesca dicotomía no solo revela una administración negligente, sino una desvergonzada priorización de intereses. ¿Qué tipo de país estamos construyendo cuando la opulencia de unos pocos se erige sobre el hambre de muchos?

La Ley 6945 se ha convertido en una promesa rota, una demostración palpable de la desconexión abismal entre los discursos políticos y la cruda realidad.

Es hora de exigir responsabilidades y recordarles a nuestros representantes que gobernar es servir, no servirse.

Mientras nuestros legisladores sacian su voraz apetito en el quincho de oro, las ollas populares luchan por alcanzar el esquivo objetivo de “hambre cero”. Sin embargo, en este triste juego de palabras, la única cifra que se acerca a cero es el compromiso del Estado con los paraguayos.

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Luis Carlos Irala