El discurso de Santiago Peña en que anunciaba la reducción de la delincuencia en un 75% generó indignación en la ciudadanía que diariamente denuncia robos y cada vez de forma más violenta.
El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, defendió las estadísticas, aunque no supo explicar el rigor científico de la metodología utilizada para obtener los datos.
El jefe policial mencionó que la información fue procesada en la Dirección de Inteligencia y en el Observatorio de Comportamiento Criminal del Ministerio del Interior, respecto a las denuncias que se realizan en cada jurisdicción.
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Señaló que en la comparación se tomó como parámetro una parte de diciembre. En ese sentido, defiende que la ocurrencia de hechos punibles que contemplan el microtráfico, robo y hurto disminuyó debido a tres factores principales: la incorporación de más agentes del Grupo Lince, la irrupción y el control del penal de Tacumbú, así como el desmembramiento de grupos criminales y delincuenciales que operaban desde las cárceles.
Se refirió a las zonas del microcentro y centro de Asunción, además de las adyacencias de Tacumbú. Las operaciones se realizan mediante el georreferenciamiento del comportamiento criminal, con el propósito de reforzar los lugares con más denuncias que están en código rojo.
No pudo dar detalles de la metodología utilizada para extraer las estadísticas, proceso que debe ser avalado por el Instituto Nacional de Estadística, que acompaña a las diferentes instituciones estatales en la búsqueda y análisis de datos comparables.
Polémica por “control preventivo”
La Policía Nacional reporta diariamente sus intervenciones callejeras. Sin embargo, los “controles preventivos” llamaron la atención, sobre todo porque contempla llevar en patrulleras a las personas sin documentación.
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Los organismos de seguridad justifican el procedimiento, principalmente por la falta de dispositivos móviles que sirven para verificar la identidad de las personas desde cualquier lugar y no precisamente desde una dependencia policial.
Los abogados de derechos humanos criticaron estos procedimientos, haciendo referencia a normativas nacionales e internacionales.
