Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y sus organizaciones miembros; el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); y la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), lamentan profundamente y repudian el asesinato del periodista Alex Álvarez, de Radio Urundey FM, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, ocurrido el martes pasado.
“El asesinato de Alex Álvarez consolida un escenario de terror para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país”, expresa la Codehupy a través de un comunicado.
Menciona que, una vez más, levantan sus voces y exigen al Estado paraguayo que realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del trabajador de prensa, para que se esclarezca y se castigue, según la ley, al o los culpables de este terrible crimen y de todos los periodistas asesinados desde 1989, teniendo en cuenta que hacer Justicia en estos hechos de violencia y atentados contra la vida de tantas personas es una deuda que el Estado sigue manteniendo y no ha hecho gran esfuerzo por saldarla.
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La Codehupy señala que garantizar el derecho a la libertad de expresión no es solo un asunto de relevancia pública, sino una cuestión de supervivencia del sistema democrático.
Álvarez es el segundo periodista asesinado en menos de seis meses en la misma ciudad y se convirtió en el vigésimo primer comunicador asesinado desde 1991 hasta la fecha, de los cuales nueve periodistas fueron víctimas de homicidio en Pedro Juan Caballero. Así también, se han registrado más de 600 casos de violencia contra comunicadores y medios de prensa.
“Vemos con preocupación que a pesar de estas durísimas cifras, el Estado paraguayo no ha adoptado las medidas adecuadas para lograr una protección efectiva de las y los periodistas, garantizar el ejercicio libre del periodismo y proteger el derecho humano a la libertad de expresión”, expresa.
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Las regiones fronterizas de Paraguay son catalogadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como zonas silenciadas, donde el ejercicio del periodismo se encuentra en grave riesgo por la violencia del crimen organizado. Estos grupos han contado históricamente con la complicidad de las autoridades, quienes por acción u omisión han permitido la instalación de esta grave alteración.
En este sentido, recuerdan la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en diciembre del año pasado, donde declara que el Estado paraguayo es responsable por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón, y exige al Estado, como una de las garantías de no repetición, impulse la aprobación de un proyecto de ley sobre libertad de expresión, protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos.
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Recuerda que la libertad de expresión, especialmente en asuntos de interés público, es piedra angular de las sociedades democráticas. Sin ella, se debilita el sistema democrático, se quebrantan el pluralismo y la tolerancia, los mecanismos de control y la denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para regímenes autoritarios.
