19 abr. 2024

Codehupy denuncia maniobra del Estado para desalojar a 400 familias en Canindeyú

Miembros de la Codehupy denunciaron que el Estado pretende realizar una “maniobra” a través del Congreso, para desalojar a más de 400 familias de un asentamiento de productores en Canindeyú.

Miembros de Codehupy.jpeg

Conferencia de prensa de Codehupy de este martes.

Foto: Gentileza.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) realizó en la mañana de este martes una conferencia de prensa para alertar sobre una amenaza de desalojo que afecta a más de 400 familias.

Se trata del caso del asentamiento 1° de Marzo, de la Asociación de Productores Joaju, que está ubicado en Yvyrarobaná, del Departamento de Canindeyú, que tiene 4.500 hectáreas, cuyas tierras habían sido entregadas irregularmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner a empresarios vinculados al régimen.

El secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, se refirió al respecto y dijo que se viene observando prácticas estatales arbitrarias contra el proceso de la lucha por la tierra.

Nota relacionada: Instan a expropiar tierras malhabidas y advierten de trabas

En este sentido, denunció como “maniobra encaminada” el intento de tratar la expropiación de estas tierras en la Cámara de Senadores este jueves y dejarlo sin efecto.

“Creemos que eso responde a una política encaminada a archivar ese pedido y a proceder como lo dijo el fiscal Jalil Rachid a desalojar a las familias. Estos desalojos, en estas condiciones en las que viene encarando el Estado paraguayo, son absolutamente ilegales e ilegítimos”, apuntó.

Más detalles: Campesinos de asentamiento 1º de Marzo cierran ruta en Canindeyú

Llamó la atención de las autoridades nacionales e instó a resolver el estado del origen de las tierras de los productores de Joaju.

“Estas tierras son una de las tantas identificadas por la Comisión de Verdad y Justicia como tierras malhabidas. Son tierras que en el año 1967 el Estado las adjudicó a sujetos ajenos a la Reforma Agraria y las cambió por una camioneta”, enfatizó.

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La organización Base IS también se pronunció al respecto la semana pasada y advirtió sobre senadores que pretenden rechazar el proyecto de expropiación y permitir que las tierras públicas continúen en manos de empresarios no sujetos de la reforma agraria.

Advierten que legisladores del Partido Patria Querida (PPQ) y de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se opondrán al proyecto.

Los pobladores del asentamiento vienen luchando desde hace años para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), así como otros entes estatales, realicen las gestiones pertinentes a fin de recuperar estas tierras y entregarlas a la comunidad de productores.

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