La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) realizó en la mañana de este martes una conferencia de prensa para alertar sobre una amenaza de desalojo que afecta a más de 400 familias.
Se trata del caso del asentamiento 1° de Marzo, de la Asociación de Productores Joaju, que está ubicado en Yvyrarobaná, del Departamento de Canindeyú, que tiene 4.500 hectáreas, cuyas tierras habían sido entregadas irregularmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner a empresarios vinculados al régimen.
El secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, se refirió al respecto y dijo que se viene observando prácticas estatales arbitrarias contra el proceso de la lucha por la tierra.
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En este sentido, denunció como “maniobra encaminada” el intento de tratar la expropiación de estas tierras en la Cámara de Senadores este jueves y dejarlo sin efecto.
“Creemos que eso responde a una política encaminada a archivar ese pedido y a proceder como lo dijo el fiscal Jalil Rachid a desalojar a las familias. Estos desalojos, en estas condiciones en las que viene encarando el Estado paraguayo, son absolutamente ilegales e ilegítimos”, apuntó.
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Llamó la atención de las autoridades nacionales e instó a resolver el estado del origen de las tierras de los productores de Joaju.
“Estas tierras son una de las tantas identificadas por la Comisión de Verdad y Justicia como tierras malhabidas. Son tierras que en el año 1967 el Estado las adjudicó a sujetos ajenos a la Reforma Agraria y las cambió por una camioneta”, enfatizó.
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La organización Base IS también se pronunció al respecto la semana pasada y advirtió sobre senadores que pretenden rechazar el proyecto de expropiación y permitir que las tierras públicas continúen en manos de empresarios no sujetos de la reforma agraria.
Advierten que legisladores del Partido Patria Querida (PPQ) y de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se opondrán al proyecto.
Los pobladores del asentamiento vienen luchando desde hace años para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), así como otros entes estatales, realicen las gestiones pertinentes a fin de recuperar estas tierras y entregarlas a la comunidad de productores.
