Durante el conversatorio, se abordaron los casos de corrupción pública que se encuentran en el sistema judicial, además se compartieron las diversas experiencias en el seguimiento de los casos desde la sociedad civil, con el objetivo de evitar que los mismos queden impunes.
En contacto con Última Hora, Esther Roa, de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE), expresó que con la actividad buscan instalar la idea de que el ciudadano, si realmente quiere combatir la corrupción local, debe involucrarse.
Asimismo, destacó la importancia del activismo ciudadano como impulso de cambio para avanzar hacia políticas públicas y leyes claras, que puedan ayudar a combatir la corrupción instalada en las instituciones públicas del país.
Así también, señaló que van a buscar instalar mesas de trabajo con el Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría, con el objetivo de denunciar las irregularidades en los procesos, como cuando un fiscal no investiga, el juez dilata los procesos penales o no hay sanciones para los abogados chicaneros.
Entre otras cosas, mencionó que van a realizar una lista de causas de otros distritos, para sumarlas a las 52 que ya se encuentran en el observatorio de causas judiciales, creado para que la ciudadanía pueda ejercer un mayor control y desde la comodidad de su casa, a través de internet.
Roa detalló que otra de las propuestas presentadas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es que se liberen los casos de hechos punibles de corrupción pública, para que los ciudadanos puedan ingresar a los detalles de resoluciones y escritos.
“Otros países en Centroamérica están saliendo adelante porque la sociedad civil se ve potenciada. La corrupción no la van a solucionar los corruptos”, remarcó.
Entre tanto, dijo que en cada ciudad hay personas con ganas de aprender sobre las herramientas existentes y sus derechos a la hora de solicitar la información pública.
Finalmente, contó que también propusieron a la Corte Suprema de Justicia que implemente un modelo como el de Perú, en el que se tienen jueces especializados en corrupción pública.
Entretanto, María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales, manifestó que “como sociedad civil debemos organizarnos para hacer frente a la corrupción, como una tarea ciudadana fundamental. La corrupción vulnera de manera directa los derechos humanos fundamentales, genera mayor exclusión y debilita la democracia”.
El evento contó con la participación de alrededor de 50 personas, muchas más de las que se esperaban por las organizadoras.
