La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada Antisecuestro, fue quien imputó a nueve supuestos miembros de una banda criminal que realizaba extorsiones desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
Entre los procesados se encuentran reclusos, guardiacárceles y supuestos contactos que operaban desde fuera del recinto penitenciario. Una de las víctimas fue un colono brasileño, a quien exigieron la suma de USD 100.000 para no atentar contra la vida de algún familiar.
Los imputados son los presidiarios Ángel Gabriel Colmán (33), Édgar Ferreira Vera (35) y Marcio Quadra Caetano (31), además de Jonás de Amaral Bentos (18), quien era el capataz de la víctima.
Asimismo, están enjuiciados los guardiacárceles Fredy Antonio González (24) y Adolfo Paredes (44), al igual que Gloria Estela Cantero Domínguez (33), Liza Graciela Gutiérrez Alarcón (36) y Emilce Alarcón de Gutiérrez (55), quienes presuntamente operaban en la organización desde sus locales comerciales. Todos ellos soportan cargos por coacción grave, extorsión agravada y asociación criminal.
Nota relacionada: Desbaratan red de extorsión que amenazaba con secuestrar a colono
Según la investigación, el 10 de mayo del 2021, a partir de las 12.30, la víctima, un colono brasileño residente en la zona de San Alberto, comenzó a recibir mensajes de textos y audios extorsivos, a través de WhatsApp.
Además, recibió una llamada telefónica de una persona de sexo masculino, quien en portugués le amenazaba con secuestrar o matar a algún miembro de su familia en caso de no acceder a un pago inicial de USD 10.000, monto que debía ser enviado por giro a varios números proveídos por el supuesto extorsionador.
Ante el temor por la amenaza, el extranjero realizó los envíos, que totalizaron la suma de G. 13.000.000. Las transferencias se realizaron el 11 de mayo desde un local comercial ubicado en el distrito de San Alberto.
Luego, el presunto criminal exigió un nuevo envío de G. 7.290.000, que se realizó nuevamente a diferentes números y en distintos montos. Entre las personas que recibieron el dinero aparecen el interno Édgar Ferreira y la ciudadana Gloria Estela Cantero Domínguez.
Posteriormente, el 7 de junio, la víctima recepcionó en su teléfono audios, mensajes y videos, donde desconocidos, con acento brasileño, le amenazaban con matarle en caso de no acceder al pago de 100.000 dólares americanos, supuestamente por no cumplir con su palabra. En la imagen también se visualiza a personas portando armas de fuego.
Los supuestos extorsionadores advirtieron al afectado que estaban presumiblemente en las inmediaciones de su casa y le mostraron el momento en que arrancaban un cartel del lugar con la inscripción de “Agrotec”, que tiraron en el medio de la calle. A raíz de esta última intimidación, la víctima radicó la denuncia ante las autoridades.
Lea más: Red de extorsión habría operado en varias ocasiones en el Este
A partir de allí, los investigadores iniciaron la pesquisa y pudieron identificar a los titulares de las líneas telefónicas-billeteras que recibían los montos de dinero, además de los lugares de depósito y los puntos de cobranzas de dichas transacciones.
De esa manera, se comprobó que Ferreira Vera recibió en varias oportunidades distintos montos, en diferentes números telefónicos, desde el comercio denominado “Farmacia Astral” de la ciudad de Hernandarias, propiedad de Liza Gutiérrez Alarcón, quien conocía al interno. Algunas de las operaciones se realizaron a nombre de su madre, Emilce Alarcón de Gutiérrez.
Durante el allanamiento al referido local comercial, realizado este 15 de junio, se constató que en el negocio se efectivizaban sumas de dinero a favor de Ferreira Vera. Justo ese día había un monto de G. 18.720.000 a favor del citado recluso. Este indicaba a la comerciante a quién debía entregar el dinero, utilizando varias líneas telefónicas para el giro y retiro de dinero. Los investigadores presumen que Gutiérrez Alarcón tenía pleno conocimiento de que Édgar Ferreira no podría acceder a altas sumas de dinero, estando recluido en la cárcel.
Igualmente, el número usado por el interno Ángel Gabriel Colmán recibió importante carga de dinero, desde el comercio denominado Mobile Technology. El propietario de este local —en el momento de la intervención— manifestó que la plata fue retirada por una cliente de nombre Gloria Estela Cantero Domínguez, siendo corroborado esto mediante la filmación del circuito cerrado proporcionado a los intervinientes.
Guardias habilitaron números
Del análisis preliminar, surge además que los números telefónicos utilizados por los supuestos extorsionadores fueron habilitados presumiblemente por los guardiacárceles Fredy González y Adolfo Paredes.
Los mismos eran además los encargados de recibir las sumas de dinero, producto de las extorsiones, en la entrada del portón principal de la Penitenciaría Regional de Alto Paraná. Posteriormente, entregaban la plata a los internos, entre ellos Ángel Gabriel Colmán y Édgar Ferreira Vera.
A su vez, Marcio Quadra desde su lugar de reclusión, también habría utilizado una línea telefónica, registrada a nombre de Adilson Marques, para llamar a la víctima, distorsionando su voz a fin de no ser identificado, considerando que el colono lo conocía perfectamente, ya que eran vecinos.
Marcio, supuestamente, recibía datos sobre los movimientos y actividades de la víctima y sus familiares, mediante informaciones proveídas por el mismo capataz de la familia, Jonás de Amaral Bentos, quien al momento de su detención cayó en varias contradicciones como así también inutilizó su aparato celular.
Finalmente, la fiscala Zunilda Ocampos presentó la imputación contra los sospechosos, al considerar la participación de cada uno de ellos en el esquema de extorsión.
