El detalle de las obligaciones impagas refleja el peso del desorden administrativo en que se encuentra la institución municipal. Sueldos y jornales atrasados, combustibles, seguro médico, servicios básicos, aportes jubilatorios, indemnizaciones, transferencias legales, deudas por construcciones y compromisos judiciales forman parte de una larga lista de cuentas sin saldar que hoy presionan sobre las arcas municipales.
A esto, se suma el retraso en transferencias obligatorias al Ministerio de Economía, la Gobernación, el Servicio Nacional de Catastro y la Comisión Nacional de Juegos de Azar, lo que evidencia un incumplimiento sistemático de responsabilidades institucionales.
El panorama se agrava por la drástica caída de la recaudación. Entre junio y agosto de este año se ingresaron G. 4.757 millones menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que reduce la capacidad de respuesta del Municipio.
Al 25 de agosto, los saldos bancarios muestran un total disponible de G. 19.513 millones, aunque gran parte de esos recursos están afectados a destinos específicos y no pueden ser utilizados libremente para cubrir sueldos o compromisos urgentes.
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Apenas 1.896 millones están habilitados para el pago de salarios, mientras que el resto corresponde a fondos con fines determinados, como pavimento, buses eléctricos, royalties, compensaciones o programas financiados con el Fonae. Recordemos que el personal municipal representa una erogación mensual de G. 8 mil millones.
Ante este escenario, la intendenta Portillo reconoció que asume el cargo en un contexto de emergencia administrativa.
Señaló que el principal desafío será normalizar los pagos atrasados y recuperar la estabilidad financiera de la institución.
En este contexto, la Junta Municipal autorizó el miércoles a la intendenta gestionar ante un banco de plaza un crédito de G. 20 mil millones.
