La disminución del precio de G. 800.000 a menos de G. 500.000 se logra mediante un nuevo decreto impulsado por el presidente de la República, Santiago Peña, que ocurre tras una serie de negociaciones con el sector.
La semana pasada estaba bajo la lupa de las críticas la Resolución N° 12.299/2025 de la Corte Suprema de Justicia, que modificaba el esquema de matriculación de motocicletas e introducía nuevas condiciones de pago al momento de la entrega del vehículo, que según advirtió la UIP incidiría en usuarios, industria y empleo.
Por ello, la nueva disposición, que se logró tras negociaciones entre el Poder Ejecutivo, la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama) y la Corte Suprema de Justicia, está orientada a resolver los altos niveles de informalidad en el sector, informaron en un comunicado institucional.
El ministro Riquelme explicó que actualmente más del 60% de las motocicletas circulan sin completar el proceso de matriculación debido principalmente a que este trámite representaba un costo cercano al 12% del valor, lo que desalentaba la formalización.
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El nuevo decreto, aparte de reducir los costos de matriculación, permite simplificar el proceso del trámite, informaron. También estipula que ninguna motocicleta será comercializada sin haber completado el proceso de matriculación.
“Logramos un acuerdo que permitirá formalizar el 100% de un sector sensible. A partir de este decreto, ninguna moto saldrá a la venta sin haber culminado el proceso completo de matriculación”, afirmó Riquelme.
El nuevo sistema también permitirá que todos los trámites como la verificación, el grabado y la obtención de la cédula se realicen en un solo proceso y en un mismo lugar, eliminando la barrera de tener que gestionar estos procedimientos en distintas instituciones.
Formalización y generación de empleo
El presidente de la Cipama, Jorge Samaniego, explicó que el nuevo esquema establece que los compradores abonarán el costo total del circuito de matriculación desde el inicio, con un monto que se mantendría por debajo de los G. 500.000, destinado directamente a las oficinas registrales.
El presidente de la UIP, Enrique Duarte, destacó que que el decreto se alinea con los objetivos de formalización y generación de empleo, contribuyendo a fortalecer un sector clave para la movilidad y la actividad económica.
“Entender que hoy y sobre todo después de la pandemia, la moto no pasa a ser un elemento de lujo, con el tema del transporte. La moto es un elemento de transporte y forma parte de la economía familiar”, resaltó.
