La denuncia se había hecho en contra de Luz Marina Martínez, Alberto Vargas, Fredy Núñez, Édgar Cáceres y Adalberto Arévalos.
Varios socios hicieron préstamos de dinero a través de la Asociación, la cual debía realizar el débito automático a los funcionarios.
Sin embargo, después de un tiempo empezaron a haber irregularidades en el pago de los créditos a las firmas comerciales, causando supuestamente un perjuicio de G. 283 millones. El hecho habría afectado a 320 socios.
Luego de la denuncia, se inició la investigación y la asociación presentó extractos de cuentas “totalmente falsos”, que indicaban que los socios estaban al día con sus deudas y que, incluso ya fueron canceladas.
Sin embargo, para el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Celia Salinas, Carlos Hermosilla y Lourdes Garcete, los hechos no se probaron y sobreseyeron a los acusados.
NUEVO JUICIO. Apelaciones, luego de analizar el caso, consideró desacertada la decisión del Tribunal de Sentencia, alegando que los jueces solo valoraron como pruebas fundamentales las conductas crediticias de los querellantes y denunciantes, y que esto no hacía al objeto del juicio. El Tribunal tampoco hizo mención a las pruebas de la querella y menos a las de la Fiscalía.
