Jorge Daniel Codas Thompson
Analista de política internacional
En días recientes, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer nuevos aranceles a Canadá y México (un 25% en cada caso), así como a China (un 10% adicional), argumentando la falta de voluntad de dichos países para combatir la inmigración ilegal, así como el “crimen y las drogas”.
En principio, según el Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos, el poder de imponer aranceles lo tiene el Congreso, no el presidente.
Sin embargo, a lo largo de los años, el Congreso ha aprobado múltiples leyes que ceden parte de ese poder al presidente, y Trump ya ha recurrido a estas para imponer aranceles a China en su primer gobierno. En el caso particular de China, esto incluye la Sección 301 de la Ley de Comercio, aprobada durante la administración de Richard Nixon en 1974. Sin embargo, el recurso a esta sección requiere una investigación preliminar y es generalmente lenta, pero Trump puede recurrir a otras medidas esta vez.
De todos modos, los aranceles a China, ya sean el 60% que Trump prometió durante la campaña, el 35% sugerido esta semana o una cifra distinta, parecen muy probables.
A diferencia de la amenaza de aranceles a México o Canadá, existe consenso de los partidos Republicano y Demócrata respecto a la percepción de rivalidad y competencia de Estados Unidos con China. La presencia de Marco Rubio, un halcón antichino, como secretario de Estado, hace presagiar un endurecimiento de la política exterior de los Estados Unidos hacia Pekín.
En teoría, Washington impone una métrica estricta para determinar el país de origen de las mercancías con múltiples proveedores de distintas naciones en la cadena de producción que entran a territorio estadounidense. Sin embargo, en la práctica, las empresas pueden evadir los aranceles a través de lagunas legales como la exención de minimis, que consiste en una estipulación en la Ley Smoot Hawley sobre aranceles aprobada en 1930, y que permite la entrada de mercancías con un valor menor a USD 800 con menos requisitos formales, o simplemente reetiquetando los productos fabricados en China.
Por cierto, la aprobación de la Ley Smoot Hawley es considerada por muchos economistas como uno de los factores más negativos en cuanto a la profundización de la Gran Depresión, ya que otros países respondieron al aumento de los aranceles en Estados Unidos con sus propias subas arancelarias, las cuales provocaron una caída estrepitosa del comercio internacional.
Existen países que podrían beneficiarse significativamente de la imposición de aranceles aduaneros estadounidenses a China; entre ellos destaca Vietnam, que cuenta con el potencial tanto para absorber las manufacturas que se mudarían de China como para servir como un canal para que empresas del gigante asiático evadan aranceles de Estados Unidos mediante la canalización de exportaciones desde territorio vietnamita.
Ya desde los aranceles impuestos a productos chinos durante el primer gobierno de Trump, las exportaciones vietnamitas a Estados Unidos han tenido un crecimiento de más del 100% entre 2018 y 2023, pasando de USD 47.500 millones a USD 119.000 millones. Además, los costos de fabricación en Vietnam son solo aproximadamente un 7% más altos que en China, lo que lo convierte en una alternativa muy competitiva al incorporar los costos de los aranceles a los productos chinos, resultando en la práctica más barato producir en Vietnam.
Como resultado de lo anteriormente expuesto, desde 2018 el capital chino ha fluido a Vietnam. Asimismo, se ha asentado en dicho país un creciente monto de capital estadounidense, aunque en cantidades significativamente menores. Sin duda, hay límites a cuánto puede absorber Vietnam en cuanto a manufacturas si lo comparamos con las dos mayores economías del mundo, pero dadas las sólidas relaciones de Vietnam con China y Estados Unidos, la economía vietnamita podría ser la gran ganadora de la guerra comercial entre ambas potencias. En virtud de sus excelentes relaciones con el Gobierno vietnamita, es improbable que Estados Unidos arriesgue dichos vínculos al perseguir la potencial evasión arancelaria con demasiada intensidad. Asimismo, Malasia podría convertirse en otro centro de logística para las manufacturas chinas, que estarían buscando evadir los aranceles de la Administración Trump, recurriendo a la Iniciativa China+1, un programa de alianzas entre empresas chinas y extranjeras.
Frente a la línea dura propugnada por Trump, así como respecto a los aranceles recientemente añadidos por Biden, los altos oficiales chinos han optado por no hacer declaraciones. Sin embargo, recientemente se han empezado a conocer lo que el propio presidente de China Popular llama “líneas rojas”. En particular, y central a la posición de Pekín, Xi Jinping comunicó a Biden que no permitiría que el reclamo de China respecto a Taiwán se convierta en parte de las negociaciones. Xi además niega que los productos de alta tecnología chinos se estén exportando con apoyo de subsidios estatales.
Asimismo, China continental está buscando disminuir su exposición a los aranceles de Estados Unidos por medio del aumento de su comercio con otras regiones del orbe. Con este objetivo, el Ministerio de Comercio chino ha comunicado que se impulsará la búsqueda de nuevos mercados mediante créditos y apoyo logístico, prometiendo asimismo apoyar a las empresas chinas para superar cualquier política proteccionista en nuevos mercados. En todo caso, esto le abriría a China la posibilidad de utilizarlos para triangular exportaciones chinas dirigidas a Estados Unidos. Al respecto, es importante señalar que el gobierno de Joseph Biden anunció recientemente aranceles a los paneles solares de varias naciones del Sudeste Asiático, con el objetivo de impedir que las empresas chinas desvíen las exportaciones a través de terceros países. Esta política le permitirá a Trump ampliar las tasas de aranceles y apuntar de manera más certera al intento de sortear las restricciones a la importación de productos chinos.
La política de aranceles elevados por parte de las administraciones de Trump y Biden no han tenido el resultado deseado. Si bien el superávit comercial de China ha disminuido su ritmo de crecimiento, ha seguido aumentando, pasando de USD 323.000 millones en 2018 a aproximadamente USD 367.000 millones en 2022. Se estima que si Trump termina imponiendo un arancel del 25%, el crecimiento de las exportaciones chinas a Estados Unidos sería del 1,5% anual, pero si se aplicara la tasa de 60% mencionada por Trump en la campaña presidencial, las exportaciones de hecho caerían en un 7% el primer año, provocando consecuencias graves en la economía china.
Si bien la narrativa sobre la guerra comercial entre los dos gigantes de la economía mundial se centra en los aranceles, tiene un capítulo de importancia creciente, basado en la alta tecnología. Estados Unidos se ha centrado en negarle a China Continental el acceso a insumos necesarios para la computación cuántica y la inteligencia artificial, especialmente aquellos que puedan tener uso tanto civil como militar, por medio de prohibiciones de exportación emanadas del Departamento de Comercio. Dicha institución maneja una lista de empresas chinas con las que sus pares estadounidenses tienen prohibido comerciar. Asimismo, el Departamento del Tesoro promulgó recientemente un exhaustivo régimen de control y prohibición de inversiones de empresas estadounidenses en compañías chinas de alta tecnología. Del mismo modo que el gobierno de Biden construyó sus políticas proteccionistas a partir de las de Trump, este último podría hacer lo propio con los controles de inversiones y prohibiciones de exportación.
El análisis de las políticas proteccionistas de Estados Unidos hacia China Continental implica abordar también las posibles represalias. En 2018, frente a la imposición de aranceles de Estados Unidos hacia China, esta última respondió con medidas similares, buscando afectar negativamente las exportaciones estadounidenses al mercado chino. Sin embargo, siendo las exportaciones de Estados Unidos al mercado chino comparativamente mucho menores, el efecto relativo fue mucho menor al esperado. Una posible vía para superar la pérdida de competitividad china con relación a su adversario norteamericano sería una devaluación del yuan, su moneda, pero corre el riesgo de una fuga de capitales. Dado que ya China está con flujos de inversión extranjera directa negativos, una fuga adicional podría tener un efecto catastrófico en su economía.
Sin embargo, hay una excepción de carácter estratégico respecto a las herramientas que China podría utilizar para contrarrestar las políticas proteccionistas de Estados Unidos, y de hecho ya la está utilizando: la prohibición de minerales críticos como el germanio y el antimonio, utilizados para todo tipo de productos de alta tecnología civil y militar. China y, en menor medida, Rusia dominan la producción de estos minerales, que se constituyen así en una vulnerabilidad para los Estados Unidos.
Pekín posee pocos instrumentos adicionales de política exterior para contraatacar a Washington. Si bien el gobierno ha invertido miles de millones de dólares en construir una industria nativa de chips, su capacidad instalada no llega al 20% de sus necesidades. Asimismo, su intento de crear un sistema bancario internacional basado en el yuan ha tenido resultados muy modestos, con gran parte de los países del mundo aún utilizando el sistema SWIFT, mayormente controlado por Estados Unidos.
Independientemente del nivel de profundización de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya se perfila un eventual claro perdedor: el sistema de comercio internacional, basado en sucesivas rondas de liberalización del comercio en el antiguo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y su sucesora, la Organización Mundial del Comercio, así como en docenas de tratados e iniciativas de libre comercio a nivel global. Solo el tiempo revelará cuán grave es la afectación, en particular para Estados en vías de desarrollo como el nuestro.
