Trece años de discusiones y más de sesenta cambios en el contenido original han tenido que sucederse para que el Legislativo chino aprobase hoy la primera ley que reconoce la propiedad privada en el país y que evidencia la brecha entre dos Chinas: una urbana y capitalista y otra rural y comunista.
Esa distancia fue subrayada también hoy por el primer ministro, Wen Jiabao, quien definió el desarrollo chino como “inestable, desequilibrado, descoordinado e insostenible” en la rueda de prensa que ofreció tras concluir el pleno anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).
“Estoy lleno de preocupaciones por cómo responder a los retos apremiantes a los que nos enfrentamos” para reconducir ese desarrollo, entre cuyos defectos figura la brecha entre el campo y ciudad como uno de los más contestados y más peligrosos para la estabilidad social.
Minutos antes de la comparecencia de Wen, los legisladores chinos habían aprobado por 2.799 votos a favor, 37 abstenciones y 52 en contra, y en medio de aplausos, la controvertida Ley de la Propiedad, como colofón a una sesión anual de la ANP que ha terminado siendo histórica.
“Todo tipo de propiedad, desde la estatal a la colectiva, individual o de otro tipo, está protegida por la ley y nadie puede atentar contra ella”, dice uno de los 247 artículos de la norma.
Sin embargo, en una concesión a los más ortodoxos, que temían una derrota sin paliativos ante el capitalismo y la renuncia a los más arraigados conceptos socialistas, el texto subraya que la propiedad estatal sigue siendo la “dominante” y descarta la privatización de la tierra en el campo.
Recibida con entusiasmo por los urbanitas y nuevos empresarios y con más escepticismo en el campo, la ley pretende ante todo responder a las necesidades del sector privado, que aporta ya la mitad de la riqueza del país, y adaptarse a nuevos conceptos como la propiedad intelectual.
“Es un avance para proteger que los bienes legales no sean invadidos. Asegura que todos los bienes son iguales, sin importar si son estatales, privados o colectivos”, apuntó a Efe Wu Qing, directora del Centro de Desarrollo para las Mujeres Rurales.
Pero otros expertos creen que la ley supondrá pocos cambios para la vida en el campo, donde la propiedad seguirá siendo cedida por el Estado en usufructo a los campesinos por periodos de hasta 70 años.
Las numerosas expropiaciones forzosas efectuadas en los últimos años por los corruptos políticos locales han dejado indefensos a millones de campesinos, muchos de los cuales se han visto obligados a emigrar a las ciudades, y se ha saldado con innumerables protestas que amenazan la estabilidad social.
“El Estado da protección especial para las tierras de cultivo restringiendo estrictamente la transformación de tierra para agricultura en tierra para construcción, y manteniendo bajo control la cantidad total usada para la construcción”, dice la nueva ley.
Además, subraya que “se pagarán indemnizaciones por la tierra, subsidios para el realojo, compensaciones por los enseres y cosechas”, aunque “a la vista del desequilibrado desarrollo regional, las indemnizaciones serán formuladas de acuerdo con las circunstancias específicas”.
Según explicó en una conferencia Wen Tiejun, veterano experto en reforma y desarrollo agrarios, la legislación no hace más que ratificar algo que ya era ley hasta ahora en el campo: el Estado puede recuperar la posesión de la tierra a través de las expropiaciones pero siempre que sea por el bien de la comunidad.
Esa última cláusula, sin embargo, ha sido violada constantemente en los últimos años en aras del desarrollo y la urbanización.
Un reflejo de la vaguedad y poca eficacia de las leyes en el país asiático, como recordó Wu Qing, y para la que Wen también tuvo hoy palabras al destacar la necesidad de poner el país “bajo “el imperio de la ley”.
Además de la Ley de la Propiedad, los diputados aprobaron la nueva ley de impuestos, que sube las tasas que deben pagar las compañías extranjeras para equipararlas a las chinas (25% de los ingresos), y el presupuesto para 2007, que establece un incremento del 17,8 por ciento para el gasto militar.
Tras cinco años de mandato, esta ha sido la última sesión de la actual ANP, pues sus miembros serán renovados tras el próximo congreso del Partido Comunista de China en octubre. EFE
