“Revisamos casi dos mil casos que ya se encuentran registrados en la plataforma web. Hay otros mil en proceso de documentación lo que nos permite obtener un panorama más claro de qué instituciones están involucradas, qué tipo de profesionales son las víctimas, en qué localidades se concentran los casos y en qué comercios o entidades se iniciaron las operaciones”, explicó la senadora Esperanza Martínez.
También propuso que las casas de cobro involucradas en la compra de deudas sean intervenidas, a fin de conocer el origen de esas operaciones.
Sobre el punto, señaló que la Comisión presentará una denuncia de carácter innominada contra implicados que son del sector privado, de manera que el Ministerio Público investigue.
datos. La Comisión del Congreso dio a conocer los resultados preliminares del registro de víctimas en el que ponen en evidencia preocupantes cifras de cómo estas personas están siendo perjudicadas por un esquema perverso y corrupto.
Sobre la base de unas 2.000 víctimas, cuyo registro y legajos se encuentran completos y ya inscriptos en el registro, el 92% alegaron que nunca recibieron notificación alguna de los juicios en su contra, y que el 77% actualmente siguen sufriendo embargos mensuales. También señala que del total de víctimas, el 79% son funcionarios públicos, mientras que el 6,1% son jubilados y el 9,3% son empleados privados. De ese 79% que es empleado público, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); es decir, que en su mayoría son docentes.
