28 ene. 2026

Los mismos testigos usan en 600 juicios y no los declaran nulos

La empresa Comaco estuvo detrás de cientos de demandas con los mismos testigos. Víctimas de la mafia de pagarés reclaman protección del Colegio de Abogados y piden declarar nulos los juicios.

mafia de los pagarés_63586950.jpg

Hace unos meses, una auditoría de la Corte reveló que la empresa Comaco SRL y la Cooperativa Virgen del Rosario de Luque usaron los mismos testigos en casi 600 juicios (589, para ser exactos). Ahora, las víctimas piden en el Juzgado de Paz anular los juicios, luego de evidenciarse los testigos falsos y denuncian que el abogado de la empresa sigue operando.

Milciades Toledo y Nilsa Jara son los abogados claves de ambas empresas, vinculadas a su vez a otras firmas como Clin Cash y Acacia Muebles, siendo Comaco SRL la que presentaba las demandas. Según la auditoría, desde 2013 hasta 2025 presentaban los mismos testigos en los diferentes casos, pero estos en realidad eran funcionarios de la firma, según revelan las documentaciones.

Incluso, un Poder General que se presentó en uno de los casos revela que a favor de Comaco estaba como representantes Milciades Toledo y Alfredo Sanabria, actual presidente del Colegio de Abogados de Luque.

Denuncian que así opera empresa en Luque.png

Pese a las denuncias, ambos siguen apareciendo en fotos y las víctimas hablan de una especie de protección a la empresa, sindicada como parte de la mafia de pagarés.

TESTIGOS. Los mismos testigos que se repiten en los casi los 600 expedientes son Aldo Ramón Aquino, Sanny Paniagua y Óscar Ariel Mereles. Estos testificaron en cada caso que, supuestamente, vieron a las víctimas firmar los pagarés, pero en realidad dos de ellos están comprobados que son funcionarios de Comaco.

Aldo Aquino –según sus redes sociales y sitios web– trabaja en la empresa y aparece en fotos con el uniforme de Toledo y Asociados consultoría jurídica, vinculado a Milciades Toledo. Lo mismo pasa con Óscar Ariel Mereles, quien en sus redes dice que trabaja para Comaco.

FALSIFICACIÓN E INHIBICIÓN. Zila Zárate es una docente víctima del esquema, cuyos bienes tienen inhibición desde hace diez años, sin que ella se enterara, ya que nunca se inscribió en Informconf.

Ella denuncia que apareció un pagaré que supuestamente firmó y que con eso Comaco SRL le demandó. Zila Zárate aclara que esa no es su firma, que le falsificaron y que nunca hizo ningún préstamo como dice en la demanda. Supuestamente, ella había accedido al crédito a través de la empresa Clin Cash (vinculado a Milciades Toledo, según sus propios funcionarios), que ella tampoco conoce.

Sin que le haya llegado nunca notificación alguna, la jueza Norma Ortiz (ahora suspendida) del Juzgado de Paz de Luque ejecutó su pagaré.

El ujier Daniel Orué hizo figurar que le encontró en una dirección que, en realidad, es de la casa del ex diputado Celso Maldonado. Supuestamente esa vez, ella no quiso firmar. También el oficial de Justicia puso que le encontró y le habría reconocido la deuda. La terrible historia no termina ahí, ya que salió una resolución de la jueza suspendida Norma Ortiz en la que firmó por el remate de sus bienes, que ahora la profesora está luchando por revertir.

¿Y EL PAGARÉ? El pagaré original supuestamente nunca apareció. El abogado Milciades Toledo declaró en la Fiscalía que fue víctima de robo en tres ocasiones y no descartó que allí habría podido desaparecer el documento.

Además de la docente, el abogado ya fue denunciado en reiteradas ocasiones. Rubén Sosa, joyero profesional, denunció haber pagado cuatro veces el monto de la deuda, y que le querían seguir cobrando supuestos honorarios.

Toledo, en plena pandemia, cuando era presidente del Colegio de Abogados de Luque, había caído detenido con dinero en su poder, que sería por el pago de una supuesta extorsión. Tras varias recusaciones, la Fiscalía, finalmente, pidió su sobreseimiento.

UHSUC20260127-039a,ph01_25800.jpg

Grave. Docente denuncia falsificación del pagaré y ahora están por rematar sus bienes.

GENTILEZA

UHSUC20260127-039a,ph02_14327.jpg

Milciades Toledo, abogado

Allanan otra propiedad de abogada Zully Ortiz

UHSUC20260127-039b,ph01_29461.jpg

Varias casas. La propiedad queda solo a una cuadra de la vivienda donde la abogada fue sacada esposa.

CAPTURA

La fiscala Ruth Benítez de la Unidad de Delitos Informáticos lideró un nuevo allanamiento siguiendo con las investigaciones de las amenazas que la abogada Zully Ortiz y sus cómplices habrían hecho a un periodista del medio digital El Observador, quien denunciaba la mafia de los pagarés.

En el barrio Roberto L. Petit, sobre la calle 23 Proyectada, una comitiva fiscal-policial allanó otra casa que también pertenecería a la abogada, y que se encuentra en la misma cuadra de su vivienda de donde fue sacada esposada la semana pasada.

Incluso, al lado existe otra casa todavía en refacción que también sería de Zully Concepción Ortiz.

EL CASO. El 18 de setiembre del 2025, desconocidos habían hecho tres disparos contra la vivienda del periodista Carlos Benítez, que dieron en a la verja, la puerta de acceso y la ventana frontal. Este vinculó el ataque a investigaciones periodísticas sobre la mafia de los pagarés, iniciadas en octubre del 2024.

Además, la denuncia señala que se inició en contra suya y de su medio una campaña de desmoralización y persecución mediante cuentas falsas de redes sociales como Facebook.

Ya el año pasado, fue detenido el mecánico Luis Alberto Quintana, pero tras las investigaciones, se descubrió que era su pareja Evelin Paredes la que supuestamente escribía los mensajes. Ahora, ella como Ortiz están imputadas por coacción y amenaza de un hecho punible.

Más contenido de esta sección
Marcelo Cabaña Santacruz, hermano de Reinaldo Javier ‘Cucho’ Cabaña, seguirá con prisión preventiva, según resolvió el juez de Garantías, Miguel Palacios, al rechazar el pedido de revocatoria de la prisión preventiva planteada por la defensa.
Desde hace ocho meses, la Comisión del Senado solicita a la Corte la auditoría de un grupo de 21 causas vinculadas a la mafia de los pagarés. Una de ellas es el caso de la enfermera Luciana Bernadet Torres, cuya auditoría resulta necesaria para que la Fiscalía pueda continuar con la investigación.
Luego de casi 13 años de haberse pedido la desestimación de un caso, finalmente el juez de Garantías Yoan Paul López hizo lugar al requerimiento fiscal que pidió archivar la denuncia formulada contra una persona debido a que el caso era de acción penal privada.
Algunos abogados que intervienen en la causa por lavado de activos del narcotraficante brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, se quejaron de que durante la audiencia se realiza la lectura de un documento en portugués de 5.000 páginas, traducido en ese mismo acto. Las defensas habían solicitado su traducción íntegra y la entrega de una copia, pero el pedido fue rechazado.
La jueza de Crimen Organizado Lici Sánchez dispuso el secuestro y la remisión a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) de 20 vehículos que fueron incautados durante el Operativo Umbral, donde capturaron un convoy que llevaba 88.991 kilos de marihuana.