La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió ayer un duro comunicado tras la decisión del Congreso Nacional de aprobar la pérdida de investidura de la senadora opositora Kattya González.
En el documento, la CEP señala que observa con mucho dolor “un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática” de nuestro país, que con sus luces y sus sombras, se ha venido construyendo con esfuerzo en los últimos 35 años.
“La necesidad de conducir las instituciones democráticas con altura moral y ética, así como la idoneidad de sus miembros, y en el respeto de los procesos y procedimientos establecidos en el marco legal vigente”, menciona la misiva.
El documento también hace referencia a la distinción que hace el Congreso a la hora de tomar decisiones de esta índole, haciendo alusión a que otros legisladores fueron salvados en numerosas ocasiones por el solo hecho de pertenecer a un grupo mayoritario, en referencia al cartismo.
Expresa, además, que si en el cumplimiento de reglamentos se toman decisiones legítimas, “esperamos que se apliquen con equidad en todos los espacios y en todos los casos, sin privilegios ni consideraciones de intereses particulares o de grupos”.
La CEP manifiesta que este tipo de decisiones políticas “pone en riesgo y lastima el sistema democrático cuando la lucha por el poder y los intereses de grupos interfieren y se anteponen al bien común y al fortalecimiento de los Poderes del Estado y de los órganos institucionales previstos en la Constitución Nacional”.
Menciona que necesitamos instituciones que aseguren confianza a la ciudadanía, por la integridad, rectitud, honestidad y decencia en la conducta de quienes ejercen responsabilidad de conducción de los órganos de poder.
“Los que dirigen las instituciones democráticas del país deben recordar que existen para servir a la nación y que el primer servicio es la responsabilidad de velar por la seriedad del uso de poder, observando que las diferencias entre mayorías y minorías no ocasionen daños a la confianza y la legitimidad de sus decisiones. La participación plural, el disenso y el debate respetuoso en la búsqueda del consenso para el bien común son esenciales a una sociedad democrática. Es obligación de todos, especialmente de quienes ocupen cargos electivos, respetar, cumplir y salvaguardar los mandatos de nuestra Carta Magna. En estos tiempos de incertidumbre y tensiones sociales y políticas, elevamos nuestras oraciones pidiendo a Dios que ilumine en su discernimiento a nuestros gobernantes para guiar a su pueblo con prudencia, serenidad y sabiduría, tomando decisiones justas”, menciona.
