El Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), mediante una carta abierta, se dirigió el lunes a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, manifestando su preocupación e indignación por los desalojos y amenazas de expulsión contra los pueblos originarios ocurridos últimamente, reclamando a su vez el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, el derecho a la propiedad de todos los paraguayos. Los obispos recomendaron, a su vez, derogar la Ley de Invasiones.
“Los episodios recientes nos producen indignación, por lo que instamos a las autoridades nacionales a precautelar los derechos de los pueblos originarios en nuestro país y el derecho a la tierra de nuestros compatriotas. En razón de la justicia que todos merecen, libre de arbitrariedades, (…) pedimos que se revisen los procedimientos realizados”, expresaron los obispos a través del escrito.
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Además, pidieron proteger la vida de los más vulnerables durante sus luchas por la tierra y que las autoridades actúen de acuerdo con la Constitución Nacional y sus leyes. Señalaron que consideran “prudente” derogar la Ley 6830/21, que modifica el artículo 142 del Código Penal Paraguayo y con ello se criminaliza la invasión de inmuebles.
“En todos los casos se debe garantizar que no serán amparadas las acciones inicuas ni tolerada la impunidad. Pedimos que se respeten los derechos de los pueblos originarios y las leyes que los regulan, en su sentido de asegurar la igualdad y la no discriminación, la autonomía, el acceso a la justicia con respeto al derecho consuetudinario indígena, la protección a sus territorios y a los recursos naturales para su sustento”, añadieron los religiosos.
Asimismo, desde la CEP indicaron que ya es momento de “poner fin a la miseria, a la extrema pobreza y a las prácticas que lastiman la cohesión social” y recomendaron especialmente a los agentes fiscales no anteponer la necesidad de tipificar delitos antes que el bien común.
El pasado 23 de noviembre, más de 10 organizaciones campesinas se reunieron en plenaria, donde acordaron realizar en marzo una gran movilización a nivel país para pedir la derogación de la ley que criminaliza la invasión de inmuebles.
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Por su parte, la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) ya había advertido que los constantes desalojos contra comunidades campesinas e indígenas pueden desatar un caso como el de Marina Cué, la llamada Masacre de Curuguaty, que culminó con 11 campesinos y 6 policías muertos en el 2012.
Mientras tanto, este domingo, el primer día del Novenario en honor a la Virgen de Caacupé se desarrolló con críticas al Gobierno por la violencia de los desalojos que sufren las comunidades indígenas y el campesinado.
