La denuncia es en contra de los sacerdotes Francisco Javier Bareiro y Gustavo Ovelar, de la Congregación Oblatos de María, que trabajaban en la parroquia de Paso Yobai, de la Diócesis de Villarrica, y que fueron separados del cargo, de esto ya se informó a la comunidad y al fuero civil, que es la instancia que corresponde.
La CEP informó a través de un comunicado que desde ese momento entra en vigencia el punto 3.1.9. de la página 19 del protocolo, donde se menciona que una vez que la denuncia esté en la sede penal, la investigación prevista en este protocolo se deja en suspenso esperando la decisión de dicho tribunal.
“Reiteramos el compromiso asumido al presentar este protocolo: Como obispos, asumimos, basados en la misión y el ejemplo que nos dio el propio Jesucristo, en cuyo nombre servimos, de proteger a los menores y de evitar el abuso sexual”, expresa el documento.
Explican que por esta razón y movidos por el amor a la Iglesia y a la verdad sobre las enseñanzas del Señor, desean hacer cuanto sea necesario con caridad pero con justicia, para evitar los males que provienen de las graves faltas, que algunos ministros de la Iglesia puedan cometer contra los más vulnerables.
Consideran importante el proceso impulsado por la Fiscalía de Villarrica y el dictamen que al final emanará y alientan al obispo diocesano de Villarrica y Caazapá, monseñor Ricardo Valenzuela Ríos, a que, como pastor de dicha Diócesis, siga de cerca el procedimiento y, por sobre todo, se mantenga en comunicación y cercanía con las víctimas y familiares.
“Confiamos en que los superiores de la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada adoptarán también todas las indicaciones y medidas contempladas en el protocolo para el pleno esclarecimiento de los hechos”, concluyen.
