Desde la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Tributación salió una flecha envenenada que paralizó el movimiento Honor Colorado y puso en alerta a los gobernadores. El jueves, los titulares de ambos organismos denunciaron ante la Fiscalía al gobernador de Central, el colorado cartista Hugo Javier González, por el supuesto desvío de un millón de dólares destinados a combatir la pandemia. Un pecado mortal en tiempos de crisis sanitaria y económica.
René Fernández y Óscar Orué detallaron la existencia de un supuesto esquema de falsificación de facturas creado para justificar gastos. La investigación surgió a partir de la rendición de cuentas del 2020 de los 6.382 millones que el Gobierno entregó al gobernador para paliar la crisis sanitaria con aportes a salud y generación de puestos de trabajo. El gobernador, amparado en la Ley de Emergencia Sanitaria, entregó el mayor monto (más de G. 5 mil millones) a una organización no gubernamental denominada Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), dirigida por el ignoto Tadeo Álvarez Cristaldo, que decidió el uso de los fondos a su antojo en obras que llamativamente la Gobernación demora excesivamente en demostrar. ¿Se hicieron las obras? ¿Dónde están? ¿Los precios son acordes al mercado? ¿Las facturas falsas se usaron para inflar los gastos o directamente no se hicieron las obras? ¿Quién es Álvarez? ¿Cuáles son sus antecedentes para ser contratado para manejar el delicado fondo de la pandemia?
HIERRO CALIENTE. El caso Central es un problema que salpica a todos. Primero, al gobernador Hugo Javier González, el primer colorado en gobernar la región tras romper la hegemonía liberal en casi tres décadas. Horacio Cartes fue su creador. Vio en el popular locutor la ficha ganadora y ganó. Hugo Javier dejó las fiestas para involucrarse en la densa política, sin la mínima experiencia en el área. Su desconocimiento en la administración de la cosa pública le está costando muy caro porque, según sus propios correligionarios, él reina pero no gobierna. Apuntan a Miguel Robles como gobernador de facto, un ex funcionario de Puertos de turbios antecedentes, imputado por soborno en el 2008, en aquel escandaloso caso de los maletines para la corona. Hugo Javier niega la malversación de fondos, pero llamativamente desoyó consejos que le alertaron sobre las irregularidades y no tomó cartas en el asunto. “Si no tenés nada que ver, denunciá a la ONG, que te devuelva la plata”, le aconsejaron antes que el caso explote. Pero nada hizo, comportamiento que lo ubica en el centro de la sospecha. Hoy de nada sirven sus anuncios de sumarios con tufo a freezer porque el dinero desviado pertenece a los fondos destinados a combatir la pandemia (1.600 millones de dólares). Cada gobernación se llevó la friolera de un millón de dólares con el mismo objetivo y a raíz de este affaire, todos están con la presunción de culpabilidad. “Nos mató a todos”, dijo con enojo un gobernador colorado.
Lo lógico sería que todas las gobernaciones sean auditadas para saber en qué gastaron la plata.
FISCALÍA EN LA MIRA. El Ministerio Público está más que nunca bajo la lupa. Considerado un apéndice del cartismo, la tibia investigación realizada ante denuncias previas contra el gobernador, confirman las sospechas. Una incómoda Sandra Quiñónez negaba días pasados responder a las órdenes del tabacalero. “Yo siempre estoy trabajando en el marco institucional. Desde que asumí están diciendo esas cosas”, se defendió la fiscala general del Estado. Sin embargo, desde los organismos denunciantes se asegura que el fiscal Ricardo Estigarribia inició una investigación muy floja, sin el ánimo de llegar al fondo del asunto. Ante la contundencia de la SET y Anticorrupción y las sospechas de protección al ahijado de Cartes, Quiñónez se vio obligada a conformar un equipo especial de investigación y sumó a los fiscales Luis Said y Francisco Cabrera. ¿Llegarán al fondo del asunto? “Por sus frutos los conoceréis”.
BUMERÁN. Honor Colorado tampoco escapa a esta situación extrema. El caso Central le saca el discurso contra el oficialismo al que acusan de malversar el dinero de la pandemia, porque uno de ellos ahora está con la misma imputación. El diputado Bachi Núñez solo atinó a cuestionar al ministro anticorrupción René Fernández por no tener la misma vara con los ex intendentes Miguel Prieto y Mario Ferreiro. No fue mucho más allá. En el cartismo nadie quiere poner la mano en el fuego por el Número 2. Y muchos están enojados porque su comportamiento salpica al movimiento: tanto si es cómplice de la corrupción, o si es un tonto que no puede controlar su entorno corrupto. El incidente pone contra las cuerdas al mismísimo Horacio Cartes, que pretende dar la imagen de empresario serio y responsable en el manejo de la cosa pública. Este turbio asunto viene a aguar su triunfante exposición pública tras la compra de una popular empresa de empanadas. Por ahora, desde su conglomerado de medios, apoya a Hugo Javier. A juzgar por las pruebas presentadas, su ahijado político no saldrá indemne. ¿Se jugará por él o le soltará la mano cuando vea que puede convertirse en un lastre como González Daher y Zacarías Irún?
El Gobierno también se puso la soga al cuello porque obliga a Tributación y a la oficina anticorrupción a investigar con la misma vara a gobernadores del oficialismo. ¿Está todo bien por casa?
El caso Hugo Javier, más allá del epílogo de la historia, es un perdigón que alcanzará a todos.
Y casi nadie saldrá ileso.
