Velen los cónsules por la República –caveant consules–. Durante años nos enseñaron que Derecho y Política, como agua y aceite, no se mezclan que tienen autonomía. Podría coincidir con que su estudio diferenciado es teórica y académicamente posible. ¿Pero su práctica? ¿Está reflejada en la realidad cotidiana esta separación? Todos los días vemos que son decisiones políticas –o de otra índole– las que determinan la creación o derogación de normas jurídicas. ¿Cuál fue, si no, la razón que motivó la sanción de la ley que comenzó a perseguir entidades sin fines de lucro? ¿Cuál fue si no la razón que motivó la pérdida de investidura de determinados parlamentarios? ¿Qué motiva el incumplimiento del límite fiscal, la contratación de miles de funcionarios innecesarios, mantener privilegios en las jubilaciones, rectificar sin consecuencias declaraciones juradas o la composición de ternas de jueces y fiscales? Tal vez sea momento de pedir que los responsables del gobierno, como hacían los romanos, velen por la República.
El derecho no se agota en códigos y sentencias; en abogados y jueces. Las leyes, los decretos, las resoluciones y las decisiones gubernamentales son expresiones del derecho. Son disposiciones jurídicas o expresiones del derecho las investigaciones que un fiscal inicia; las leyes que un legislador sanciona; los decretos que el presidente dicta. ¿Y lo que omiten? Su aplicación y su omisión, ¿pueden disociarse del contexto político que los motiva? Los últimos gobiernos, so pretexto de desarrollo o de obtener reconocimiento internacional, endeudaron el país como ebrios financieros, aplazando las obligaciones más allá de lo aconsejable. El déficit de la Caja Fiscal crece geométricamente. Desconocemos el monto de IVA retenido que el Estado no devuelve. Enriquecimientos ilícitos cuyas investigaciones no se inician. Corrupción impune bajo el manto de la prescripción penal. Farmacéuticas y constructoras en lista de espera frente al interminable cúmulo de excusas que les impide recuperar al menos parte de más de mil millones.
Debería terminar, creo yo, este galanteo degradante. Es, pues, hora de pedir al Gobierno que salve la República.
Derecho y Política nunca se llevaron bien. Aquel siempre intentando limitarla. Esta siempre intentando desbordarlo y el desborde actual es evidente. Quizá el derecho como expresión de poder de Foucault nos increpa más que nunca. La cosa de todos (res publica) parece administrarse como cosa de nadie (res nullius). La independencia del Poder Judicial, último refugio ciudadano, lidia diariamente con la interferencia política. En definitiva, es cuanto menos difícil disociar el cumplimiento del derecho si su creación y su práctica, que debería conllevar límites al poder político, muestra una realidad distinta por acción u omisión. La reforma del Estado no se logrará con la producción de más derecho. Lo que escasea son los deberes. Debemos retomar la enseñanza antigua inspirada en valores republicanos que, con ética, lleven a los gobernantes a restablecer un equilibrio. Mantener el desborde pondrá nuestro futuro y el de nuestro país en rumbo de colisión. Así, pues, como entonces lo hacia el Senado romano, los ciudadanos debemos hoy pedir que la cosa de todos no sufra daño –ne quid detrimenti res publica capiat–. Que se cuide a fin de evitar la ruina general que se avizora. Que el Derecho y la Política se eleven juntas como máximas del bien común y que, más que nunca, vele el Gobierno por la República.
