José María Orué Rolandi, ex ministro de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, durante el mandato de Federico Franco, fue condenado por el Tribunal de Sentencia compuesto por Laura Ocampo, Fabián Weinsensee y Juan Carlos Zárate a 4 años de cárcel por lesión de confianza en el caso conocido como vaso de leche.
También condenaron a 2 años y 6 meses de cárcel a otros cuatro procesados, quienes seguirán con medidas hasta que la resolución quede firme. Se trata de Gloria Arroyo, Araceli Cotillo, Carlos Centurión, y Laura Gamarra, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
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El ex ministro Orué Rolandi y la proveedora del Estado Nancy Lucina Godoy enfrentaban un juicio por el supuesto desvío en la campaña Un vaso de Leche. El perjuicio patrimonial es de G. 3.642.442.072, según la Fiscalía.
Por el caso, el fiscal Rodrigo Estigarribia había requerido la pena de 7 años y 10 meses para el ex ministro.
El caso
En diciembre del 2012, José Orué supuestamente habría autorizado a la Dirección General de Administración y Finanzas iniciar el procedimiento para el llamado a licitación por subasta a la baja electrónica.
El llamado fue supuestamente ejecutado sin la realización de cálculos de proyección de insumos alimenticios que serían necesarios para el cumplimiento del Programa Abrazo y del Programa Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle (Painac).
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Según la investigación, el pedido presentado por la nutricionista de la Dirección de Protección y Promoción de Derechos de dicha Secretaría, Sandra Burgos, fue solo para la elaboración del menú alimentario que sería proporcionado a los niños durante el transcurso del 2013. Sin embargo, el llamado a licitación fue realizado de forma plurianual y el pedido confeccionado para un año fue modificado para dos.
El ex ministro designó como miembros del comité de evaluación de ofertas para el llamado de adquisición de productos alimenticios a Gamarra, Arroyo, Cotillo y Centurión.
Si bien se presentaron cuatro empresas oferentes, Granos y Aceites Sacia fue adjudicada en 11 de los 12 lotes, presentando en la mayoría el precio más alto o siendo la única oferente.
Por otro lado, se habría hecho un contrato cerrado cuando no se sabía la cantidad de beneficiarios y además los productos adjudicados no cumplen supuestamente con el plan nutricional adecuado.
