En su acusación y pedido de juicio oral, los fiscales Christian Ortiz, José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo y Juan Sandoval exponen cuál sería el modus operandi de Dalia López, principal cabecilla del esquema de falsificación, quien hoy cumple arresto domiciliario con la tobillera electrónica.
Dentro del relato de hechos, aparece un llamativo supuesto pago de G. 300.000 a cada persona que se prestó para ir hasta el Departamento de Identificaciones a sacar su pasaporte, que iba a terminar siendo falseado.
Según la acusación, todo el dinero para estos trámites salió de la empresaria.
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¿Cómo habría funcionado el esquema?
La Fiscalía habla de que Dalia López mandó a sus secretarios de confianza, Sebastián Medina e Iván Ocampos, a que tramitaran los documentos.
Estos contactaron a Bernardo Arellano, funcionario de la Dirección de Migraciones que hizo de nexo con las instituciones públicas, ante un aparente gran poder.
Arellano contactó con Cirilo Amarilla (condenado), funcionario de Identificaciones, quien a su vez recurrió a Vicente Martínez (condenado) para pedirle reclutar personas que fueran a solicitar pasaportes.
A su vez, este le solicitó a Stella Marys Lugo (condenada) que se encargara de alistar a esas personas que irían hasta sacar su pasaporte a cambio del pago de G. 300.000.
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Los que recibieron ese dinero fueron María Isabel Gayoso, que obtuvo el pasaporte paraguayo N° Q56828 y Esperanza Apolonia Caballero Coronil, con pasaporte N° Q569753. También Víctor Manuel Cabrera Villalba, con el N° Q568927.
A estos documentos posteriormente se les modificó su contenido, quedando con nuevos datos. Al primero se le consignó el nombre de Ronaldo de Assis Moreira y el segundo, a favor de Roberto de Assis Moreira, ambos con supuesta nacionalidad paraguaya naturalizada.
El último, se le terminó asignando al representante de Ronaldinho, Wilmondes Sousa Lira.
Otros pagos, según la acusación
La empresaria Dalia López pagó supuestamente USD 19.000 para obtener los documentos originales con la información falsa.
Encomendó a sus secretarios de confianza que tramitaran –además de las cédulas y los pasaportes falsos– la radicación permanente de Wilmondes Sousa Lira, Roberto y Ronaldo de Assis Moreira ante el Departamento de Migraciones, sabiendo que nunca iban a radicarse en nuestro país, y que ninguno cumplía los requisitos.
Ella fue acusada por los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, como instigadora.
