La abogada Laura Mabel Servín estuvo con Maida Giménez, Cristhian Romero y Óscar Benítez, y explicó que se reunieron esta mañana con la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer que tiene a su cargo la ejecución de la condena contra Ramón Mario González Daher.
La profesional que representa a las familias indicó que no solo se reunieron con la magistrada sino con una representante de los ministros de la Corte, quienes les garantizaron que no se iban a transferir los inmuebles a la Secretaría de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Sostuvo que los tres terrenos que fueron loteados, que se encuentran en Capiatá, Limpio y Luque, aún se están a nombre de RGD. Alegó que la jueza les pidió la lista de cada uno de ellos, y que agregaran incluso las fotos de los propietarios y que se iba a depurar la nómina.
Tenemos una promesa de que en diciembre que se supone que va a haber otro remate, ellos no iban a pertenecer a ese grupo. Alegó que eso era lo que conversaron y que les iban a facilitar la lista lo más rápido posible.
Además, remarcó que la promesa de la jueza era que en noviembre iban a empezar los títulos de las personas que cancelaron todos los gastos que tenía la inmobiliaria.
La abogada Servín indicó que, en este caso, actualmente, los terrenos están a nombre de Ramón Mario González Daher, según la información de la jueza y están detenidos, inscriptos y bloqueados, por lo que no se podía hacer ninguna transferencia, ni innovación sobre estos terrenos.
“Eso salió de la boca de la jueza y nosotros queremos creer en la Justicia, si bien no tenemos ningún documento, tenemos la promesa y esa reunión que fue muy importante para nosotros, muy tranquilizador para el grupo que estamos y seguimos trabajando”, acotó.
256 familias
Remarcó que son 256 familias, lo que suman alrededor de 800 a 1.000 personas, entre niños, adultos mayores, personas en camas, en sillas de ruedas, hijos que viven otra vez, que construyeron en el mismo terreno. “Son varias generaciones las afectadas”, acotó.
Informó que seguían conversando y colaborando con la gente de la inmobiliaria, y que lo que no se hizo en el pasado ya no se hizo, y lo que buscaban era una solución.
“Estamos documentando. Hay muchas personas que perdieron sus contratos, hay muchas que todavía deben algunas cuotas porque desde que estalló este tema muchos no sabían qué estaba pasando y otros cuantos no sabían a quién pagarle, y otros cuantos tenían miedo de seguir pagando y al final que se les remate como se le remató a la señora Ninfa”, afirmó Servín.
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Explicó que los afectados estaban en diferentes estadios, algunos les faltan algunas cuotas, pero una minoría es que la que abonaron todas las cuotas.
“La mayoría está depositando aún en la inmobiliaria y les faltan varias cuotas y otros cuantos tienen una causa judicial para poder cobrar el dinero, entonces todo eso tiene que resolverse poco a poco. Eso nos dijo la jueza. Grupos de a 10 familias y va a empezar a resolver el problema”, refirió.
Es decir que les trasferiría que sus inmuebles a partir de noviembre, conforme con la promesa de la jueza, dijo la abogada, que indicó también que la jueza quería hacer un mapeo.
La magistrada
Por su parte, la magistrada Sandra Kirchhofer explicó que ella iba a ir recibiendo a las familias, que a la fecha fueron unos 18 de los 256 afectados, y que iban a hacer mapeo para saber quiénes abonaron todos, a quienes les faltaba.
La magistrada dijo que iban a hacer por grupos que iban a seguir llegando hasta su juzgado y que debían traer sus documentos de los inmuebles.
