El agente fiscal Osmar Legal se refirió en contacto con radio Monumental 1080 AM a la investigación que realizó contra Ramón González Daher, quien enfrenta un juicio oral y público con su hijo Fernando González Karjallo por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
Dijo que tiene entendido que se trata del primer caso de usura que llega a la Justicia, “cuyo movimiento del dinero es excepcional”.
Sobre este punto, el agente del Ministerio Público señaló que hay una “lección” que aprender con la estructura que cayó hoy en día para que no se tenga que volver a la misma situación.
“Esta era una estructura familiar que tenía un brazo político que estaba en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el hermano ahora fallecido (ex senador Óscar González Daher) era el presidente. Esto es como un amedrentamiento al decir: Mirá, tenemos el poder”, sostuvo.
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En este sentido, explicó que el clan González Daher tuvo un “poder transversal” en todos los ámbitos y evaluó que por ello, más allá del cambio de personas, el organismo extrapoder y otras instituciones requieren una “reestructura”.
Indicó que esta causa “demuestra lo mal que estamos y las pocas fuerzas que tienen las instituciones públicas”.
La Fiscalía solicitó la pena privativa de libertad de 15 años para Ramón González Daher el lunes, en el juicio oral público donde participó el agregado de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos, Brian Skaret, y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
En el mismo enjuiciamiento se solicitó la pena de siete años y cinco meses de prisión por los mismos delitos para el hijo de RGD, Fernando González Karjallo.
También se pidió un comiso especial de G. 216.160.795.503 y mantener las medidas cautelares sobre algunos inmuebles y sus cuentas bancarias.
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El pedido de las penas para el ex dirigente luqueño y su hijo se realizó luego de que Osmar Legal leyera los alegatos finales.
Según Fiscalía, Ramón González Daher se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a lo establecidos legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas, solicitando garantías desproporcionadas y utilizando para dichos fines cheques y otros documentos de pago, que luego fueron introducidos al sistema financiero, siendo esta la principal actividad comercial de los acusados.
De las declaraciones juradas presentadas ante la SET, se desprende una inconsistencia en sus ingresos de G. 6.539.895.697.879, que no tienen respaldo documental y no es posible atribuir a alguna actividad lícita.
