Han pasado casi cuatro años del asesinato a sangre fría del fiscal Marcelo Pecci, y en su conmemoración, el senador Rafael Filizzola lamentó el último miércoles que la Fiscalía “no haya hecho nada para esclarecer la autoría moral del magnicidio”. Seguidamente, sostuvo que el caso está siendo archivado por el fiscal Lorenzo Lezcano, que sigue en el Ministerio Público como “si nada hubiera pasado”.
Incluso, aseguró tener la “convicción de que el fiscal general del Estado sabe mucho más de lo que dice”. “Tengo la convicción de que el fiscal general del Estado tiene amigos cercanos a A Ultranza y por eso no hace nada”, reforzó en su momento.
Ante los dichos, Emiliano Rolón instó a que formalice las afirmaciones mediante una denuncia penal y aporte las pruebas correspondientes.
El titular del Ministerio Público calificó como “inadmisibles” las manifestaciones, señalando que atribuir vínculos con organizaciones criminales sin sustento constituye un acto de extrema gravedad.
En otro punto resaltó que de existir información o indicios concretos, estos deben ser canalizados a través de los mecanismos legales establecidos, a fin de permitir su investigación dentro del marco institucional.
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Rolón afirmó que el legislador debe demostrar en una eventual denuncia la supuesta conexión que refiere entre su persona, estructuras del crimen organizado y el esquema investigado en el operativo A Ultranza PY, de manera que tales afirmaciones puedan ser verificadas o desvirtuadas conforme a derecho.
Seguidamente, el fiscal general del Estado destacó que el Ministerio Público ha impulsado avances relevantes en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo investigaciones, imputaciones y condenas en causas complejas, así como acciones coordinadas a nivel internacional.
Acotó además que el combate a estas estructuras requiere evidencia concreta, cooperación institucional y responsabilidad en el manejo de la información pública.
Finalmente alega que la institución se encuentra abierta al control ciudadano y a las críticas, pero remarcó que estas deben sustentarse en hechos verificables y no en afirmaciones infundadas que puedan afectar la credibilidad del sistema de Justicia.
El 10 de mayo de 2022, cerca del mediodía, el agente del Ministerio Público Marcelo Pecci fue asesinado a balazos en la playa de la isla Barú, en Cartagena, Colombia, mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa Claudia Aguilera, quien en ese momento anunció su embarazo.
La pareja fue abordada repentinamente por sicarios que llegaron en una moto acuática. Uno de ellos, identificado como Wender Scott Carrillo, de nacionalidad venezolana, disparó tres veces, de las cuales dos balas impactaron en la cabeza del fiscal paraguayo y le causaron la muerte.
