El juez Rodrigo Estigarribia concedió este miércoles la libertad de la abogada Rosa Concepción Colmán, de 59 años, ex asesora jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS).
Además, se dispuso la caución real de G. 500 millones, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez. Esta medida es para asegurar que la procesada cumpla con sus obligaciones ante la Justicia.
La abogada fue imputada el martes por el fiscal Julio Ortiz por la sospecha sobre lesión de confianza en el marco de la investigación a varios ex miembros del Consejo del IPS, entre los que también fueron procesados los ex presidentes de la institución Vicente Bataglia y Jorge Brítez. La causa es por lesión de confianza.
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Colmán era funcionaria del Departamento Jurídico en las administraciones anteriores y la encargada de firmar los dictámenes.
Fue detenida este martes en un procedimiento realizado por agentes de la División Estafa del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Asunción, tras la orden de captura solicitada por el agente fiscal Julio Ortiz.
La investigación
La Fiscalía imputó y pidió la prisión preventiva de dos ex presidentes del Instituto de Previsión (IPS), quienes habrían defraudado en montos varias veces millonarios a la previsional con la compra de quirófanos modulares. Pasaban los años, y sin que la empresa cumpla el contrato, en vez de suspenderlo, se siguieron emitiendo “adendas desordenadas”.
El foco está en el Contrato N° 6/2020, que pretendía reacondicionar e instalar por primera vez este tipo de quirófanos en el séptimo piso, bloque Quirúrgico Central del Hospital Central del IPS.
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El trato se hizo con la empresa Neigtpart SA, y toda la obra iba a costar G. 53.000 millones. En plena pandemia, la previsional liberó el primer pago en concepto de anticipo: G. 10.600 millones (20%).
Allí comenzaba lo que iba a ser un grave perjuicio para el IPS, según sospecha hoy la Fiscalía, ya que los quirófanos nunca se instalaron, y hasta sus partes vencieron allí en un depósito oscuro del Instituto de Previsión Social.
Supuestamente, los funcionarios hoy imputados fueron otorgando nuevos plazos a la empresa Neigtpart SA para que esta siguiera cobrando, “a sabiendas de que la ejecución del contrato no podría llevarse a cabo debido a la falta de planeamiento y evaluación previa del edificio” para instalar los quirófanos.
