“El crecimiento económico y buen clima de negocios que el Paraguay ha experimentado, principalmente con el desempeño del sector privado, se ven seriamente amenazados”, sentenció la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y su Fundación Amcham en un comunicado.
La causa de esta situación, según señala, es “la conducta corporativa perversa que deja impune a quien ha cometido delitos contra el Estado Paraguayo y a quienes apañan estos hechos”, expresa el pronunciamiento en referencia al rechazo del pedido de pérdida de investidura de José María Ibáñez, quien fue salvado por 52 diputados durante la sesión del miércoles.
Amcham, además, manifiesta su rechazo contra quienes “aprueban leyes de autoblindaje y se niegan a cambiar sistemas electorales con listas sábana”, además, exige “instituciones serias y confiables” para el país.
“Somos una sociedad comprometida, participativa y vigilante, y deseamos trabajar juntos por el sostenido desarrollo social y económico de nuestro Paraguay”, concluye.
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La organización empresarial se suma a la ola de repudio a José María Ibáñez y la mayoría de diputados que decidió proteger al legislador de su destitución, pese a haber reconocido el hecho de tráfico de influencia cometido en la Cámara Baja.
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La Cámara de Diputados –entre cartistas, abdistas y liberales– decidió el miércoles no hacer lugar al pedido de la pérdida de investidura de José María Ibáñez, quien admitió la existencia del hecho conocido como caseros de oro.
En total, 42 diputados se abstuvieron, seis votaron en contra y cinco se ausentaron. Se necesitaban 53 votos, pero solo se consiguieron 27. De este modo, el pedido fue remitido al archivo.
El caso caseros de oro
En 2013 fue conocido el caso de los caseros de oro, mediante publicaciones periodísticas que evidenciaron que el diputado colorado José María Ibáñez utilizó a tres personas que trabajaban cuidando su quinta en Areguá para cobrar ilícitamente de la Cámara Baja.
Ibáñez gestionó la contratación de Fabio Gómez, Viviana Falcón y Éver Falcón, quienes firmaron –el 12 de agosto de 2013– contratos como auxiliares administrativos con un sueldo de G. 2.500.000 cada uno.
En 2017, tras un largo proceso, la defensa del legislador planteó una salida y la Fiscalía se allanó. Así, Ibáñez logró su exención con la resolución del juez Julián López, quien determinó el sobreseimiento con el pago de G. 30 millones y la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y otras donaciones que totalizan unos G. 5 millones.
