25 ago 2026

Caso escribana: Se aguardan los resultados de ADN

28240097

Altar. La noche del sábado se realizó el velorio de Isabela.

WILSON FERREIRA

La fiscala Viviana Sánchez, quien investiga la desaparición y posterior hallazgo de la escribana Carmen Ruiz Díaz (34) y sus hijos de 5 y 3 años, en las aguas de los ríos Paraná y Monday, en Presidente Franco, Alto Paraná, informó que la carpeta fiscal seguirá abierta a la espera de los resultados de la prueba de ADN a partir de las muestras remitidas al laboratorio forense de la capital.

La confirmación de identidad por ADN de los dos primeros cuerpos encontrados aún no obra en la carpeta fiscal. “Todas las muestras están en el laboratorio, y hasta ahora no tengo los resultados porque son estudios más minuciosos, que llevan más tiempo en procesarse”.

Dijo que los tres cuerpos –la escribana Carmen Ruiz Díaz, su hijo y el encontrado el sábado último– fueron reconocidos solo por los familiares. “Por la vestimenta en el caso de Carmen y por otras características que los familiares pudieron identificar”.

Recordó que la investigación se inició por desaparición de personas. Además, señaló que “todo lo que tenemos es lo que se sabe públicamente desde el inicio: La carta, los videos, los audios, las imágenes. Son varios los elementos que tengo en la carpeta fiscal que hacen presumir, y que también mencionaron los familiares, que ella vivía amenazando con lanzarse al río. Entonces son cosas que tengo en la carpeta que ahora voy a revisar para ver cómo termina esto”.

Todo apunta a un filicidio y posterior suicidio. “Sí, es todo lo que tengo hasta ahora con todos los elementos que he podido recolectar”.

Con relación a lo que siempre se ha dicho y comentado sobre la inducción al suicidio, la representante de la ciudadanía insistió en que eso es muy difícil de probar y que no tiene ningún elemento para sostenerlo. WF

Más contenido de esta sección
En el marco del juicio oral contra el ex senador colorado Hernán Rivas, acusado por presunto título falso, prestó declaración testimonial Andrea Estigarribia, ex jefa interina de la Dirección de Registro de Títulos de Grado del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), quien afirmó que existió una “orden superior” para acelerar la expedición de un título de abogado en un plazo inferior a un día, lo que impidió realizar un análisis exhaustivo de los antecedentes académicos. La ex funcionaria detalló que el pedido provino de las máximas autoridades del Ministerio de ese periodo.
El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández recibió durante las manifestaciones a representantes de la Asociación de Asegurados y Jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS). En medio de los gritos y exigencias de que no quede impune la causa de los quirófanos fantasmas, él prometió que no se excluirá a nadie de la investigación.
El ex ministro de Educación y Ciencias Eduardo Petta se encuentra declarando hoy de manera telemática en el juicio oral contra el ex senador colorado Hernán Rivas, acusado por presunto título falso. Habló ante el Tribunal de Sentencia diciendo que no le conoce personalmente al legislador y que él autorizó en el 2020 investigar a la Universidad Sudamericana.
Audiencia. Pedirán hoy una reunión con el fiscal general para exigir una investigación profunda.
Investigación. Reiteran que los consejeros también tienen responsabilidad en las licitaciones.
Una grave disputa familiar por la adjudicación de tierras en el asentamiento Lomas Tuyutí, una comunidad rural del distrito de Eusebio Ayala, en el Departamento de Cordillera, mantiene en constante zozobra a Marta Beatriz Velázquez Villagra, una humilde vendedora de 53 años. La mujer denuncia amenazas continuas, invasión a su lote y una alarmante inacción por parte de las autoridades locales e institucionales, en especial del Indert y la Policía Nacional.
La Corte Suprema de Justicia confirmó que Roberto Damián Garcete Rodríguez (padre) y Roberto Alejandro Garcete Cano (hijo y presidente del Club Deportivo Resistencia) deberán ser juzgados por un Tribunal de Sentencia, dos años después que el caso fuera elevado a juicio por usura y lavado de dinero. Ambos habrían prestado G. 200 millones a una persona y, bajo engaños, le habrían hecho firmar la transferencia de su vivienda, valuada en más de G. 1.000 millones.