01 nov 2026

Caso de defensor público y ex fiscala lleva 16 meses trabado en la Sala Penal

Desde el 20 de noviembre de 2024, la causa contra el defensor público Fermín Bogado –recientemente suspendido como docente en la Facultad de Derecho– y la fiscala Casse Giménez, ambos imputados por supuesto falso testimonio, permanece trabada en la Sala Penal de la Corte. Debido al tiempo transcurrido, incluso ya existe un pedido de sobreseimiento provisional.

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Imputados. Casse Giménez y Fermín Bogado, los dos imputados por supuesto falso testimonio.

Foto. Gentileza.

La causa por supuesto falso testimonio contra el defensor público Fermín Bogado y la ex fiscala Casse Giménez está trabada hace un año y cuatro meses, debido a una recusación planteada contra uno de los camaristas.

Con ello, la causa está trabada y ni siquiera fue confirmada la admisión de la imputación, con lo que, por el tiempo transcurrido, el 12 de febrero de 2025, hace un año, la fiscala Claudia Aguilera solicitó el sobreseimiento provisional que no puede ser estudiado.

En el caso, el juez Rolando Duarte, el 13 de setiembre de 2024, había admitido la imputación contra Bogado y Giménez por supuesto falso testimonio en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento, por la denuncia del ex legislador Jorge Oviedo Matto.

Sin embargo, tanto la ex agente Casse Giménez como el coprocesado plantearon recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la resolución del juez que admitió la causa.

Por resoluciones del 18 de octubre de 2024 y del 7 de noviembre del mismo año, se rechazaron los recursos, pero se dio trámite al recurso de apelación en subsidio, con lo que la causa fue remitida al Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, que recibió el expediente el 27 de noviembre de 2024.

Incluso, la ex agente había requerido la realización de una pericia acústica lo que fue rechazado por el juez Duarte, lo que también fue apelado por la defensa, con lo que también está pendiente esta resolución.

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No obstante, antes incluso de recibir el expediente en la primera apelación, el 20 de noviembre de 2024, la ex fiscala Casse Giménez recusó al camarista Arnulfo Arias, por lo que el caso pasó a la Sala Penal de la Corte Suprema.

En esa instancia, se inhibieron los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, este último representante de la Corte en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Con ello, solo quedó la ministra Carolina Llanes, quien dispuso la integración de la Sala. El ministro Alberto Martínez Simón aceptó integrar la Sala, con lo que falta aún un miembro.

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Los demás ministros se inhibieron y ahora tratan de integrar la Sala Penal con un camarista. El caso fue sorteado y desde el 9 de febrero pasado, está para consulta de integración con el magistrado Agustín Lovera Cañete.

De esta manera, hasta ahora, la Corte no se expide sobre la recusación a un solo miembro del Tribunal de Apelación, donde lo más probable es que la Corte diga que los otros dos miembros deben resolver la recusación.

Una vez resuelta la recusación, se deben estudiar los recursos pendientes para poder destrabar el caso.

Por su parte, el juez Rolando Duarte está a la espera de las resoluciones para poder fijar fecha para la audiencia preliminar.

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