Durante la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, Miguel Ángel Correa era un joven de 21 años con sueños, trabajaba como técnico de campo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y llevaba adelante sus estudios universitarios.
No obstante, esa fatídica jornada del 15 de junio le arrebató prácticamente todo, cuando fue arbitrariamente detenido por agentes de la Policía Nacional y presuntamente torturado, según lo denunció él mismo ante la Fiscalía al día siguiente.
De acuerdo con los antecedentes, tras enterarse del violento desalojo de Curuguaty, Correa se había trasladado al Hospital Distrital de la zona solo para averiguar sobre uno de los heridos, pero terminó aprehendido, pese a que no tenía relación con la ocupación de Marina Cué.
Si bien luego fue liberado y sobreseído del caso, el afectado quedó con antecedentes policiales, perdió su trabajo en el MAG y ya no pudo retomar sus estudios universitarios, por lo que, a 11 años de lo ocurrido y ya con 32 años, sigue con secuelas sicológicas de las torturas.
Hugo Valiente, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), manifestó a Última Hora que la denuncia que presentó Correa ante la Fiscalía, en ese entonces a cargo de la fiscala Ninfa Aguilar, quedó cajoneada, por lo que el organismo volvió a denunciar el caso poco después.
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No obstante, aseguró que la causa tuvo algunos avances solo hasta el 2018, por lo que ya no confían en la Justicia paraguaya y decidieron acudir al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“En los primeros años se produjeron algunas pruebas, el Ministerio Público le hizo un peritaje sicológico forense. Tres policías fueron identificados, aunque eran más. En 11 años cambió varias veces de fiscal, hay varios responsables”, lamentó.
Detalló que los tres policías que habrían participado de los hechos y a los cuales Correa pudo identificar son César Ruiz Díaz, Fabio Ruiz y Marciano Mereles, quienes siguen prestando servicios con total normalidad.
Ante todo esto, sostuvo que con la denuncia ante la ONU esperan que el caso no quede impune, que el Estado se disculpe con la víctima, que sirva como precedente para que no vuelva a repetir y que Correa pueda ser resarcido de forma integral, no solo económicamente, sino también sicológicamente.
“Él tuvo muchos perjuicios porque lo involucraron arbitrariamente, quedó con antecedentes penales. Miguel fue despedido del MAG, quedó con daños sicológicos, no tuvo ninguna asistencia por parte del Estado”, aseveró.
El 15 de junio de 2012, el ingreso arbitrario de más de 300 efectivos policiales antimotines y de una comitiva fiscal judicial en Marina Cué que derivó en un grave enfrentamiento, dejó como saldo la muerte de 6 policías y 11 campesinos.
Aunque Correa fue detenido en el centro asistencial, aparecía en el parte policial como que fue arrestado en la propiedad donde se produjo el enfrentamiento. Su liberación se produjo solo luego de muchas presiones sociales, tanto nacionales como internacionales; y tras la manifestación de diversos sectores.
