La audiencia preliminar de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, fue suspendida porque su defensa planteó una recusación contra la jueza Rosarito Montanía por presunta parcialidad y falta de independencia, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Asimismo, su abogado Álvaro Arias pidió que la magistrada sea apartada del procedimiento porque sostiene que se convirtió en denunciante de su defendido.
Esto, tras las declaraciones que dio durante una entrevista en la cual dijo que “no tiene pruebas, ni tampoco dudas” de que Insfrán manipula al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para denunciar a las autoridades del Penal Militar de Viñas Cué.
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Tío Rico es sindicado como un importante eslabón del crimen organizado, cuya estructura envió más de 17.000 kilos de droga a Europa.
Pasó muchos años desapercibido por la Justicia hasta que, en el 2022, hicieron efectivo un proceso en su contra en la causa A Ultranza, que se inició con megaoperativos en febrero de ese año.
En aquel operativo se logró desarticular su estructura de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuyos líderes principales son Insfrán, el ex diputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube, también detenidos, y Sebastián Marset, quien sigue prófugo de la Justicia.
Se realizaron más de 120 allanamientos y constituciones, 50 imputaciones y ya se llega a cerca de USD 150 millones en cuanto al golpe económico a la estructura criminal.
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Las otras personas procesadas en esta causa son Alberto Koube, Conrado Insfrán (hermano del líder principal Miguel Insfrán), el ex diputado Juan Carlos Ozorio, Luis Sebriano, Alexis González, Tadeo González, Irma Vergara, Fátima Koube, Job Von Zastrow, Diego Cubas, José Gamarra, Liz Taboada, Patricia Rodríguez y Reina Mercedes Duarte.
También es señalado en Colombia como el presunto autor material del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, registrado en isla Barú el 10 de mayo del 2022.
Insfrán estuvo prófugo de la Justicia durante un año. Fue arrestado en febrero de este año por autoridades brasileñas en Río de Janeiro.
Llegó al país en mayo de este año tras un proceso de extradición abreviado que fue aceptado por el Tribunal Supremo del Brasil.
