La llegada del hoy considerado como un importante eslabón del crimen organizado generó una fuerte movilización en materia de fuerzas de seguridad y las autoridades consideraron la extradición como un “éxito”.
Luego de su arribo pasó primeramente por la sede de la Fiscalía Antidrogas, donde no declaró, a pesar de que quería hacerlo –según su abogado–. Pidió otra fecha, ya que no se encontraba en condiciones de declarar.
Justamente, las expectativas están puestas sobre él, por los datos que podría aportar, los cuales puedan arrojar más luz sobre el caso A Ultranza.
El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, expresó que su venida se trata de “un éxito rotundo”, porque muestra, según dijo, la cooperación efectiva con el Brasil; “esta extradición es muy importante para el sistema de Justicia paraguayo”, sostuvo.
Doldán explicó que Insfrán se sometió a la extradición abreviada y esto fue aceptado por el Supremo Tribunal Federal.
SU HISTORIAL. Miguel Ángel Insfrán pasó muchos años desapercibido para la Justicia, pero sus movimientos empezaron a alertar, hasta que finalmente, en el 2022, hicieron efectivo un proceso en su contra en la causa A Ultranza, que se inició con megaoperativos en febrero de ese año. Fue en ese mes que se dieron los primeros allanamientos a cientos de propiedades, locales comerciales y hasta iglesias, que aparecían a nombre de la familia Insfrán, en su mayoría de Miguel Ángel y su hermano, el pastor José. Ambos están imputados por los hechos de asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Se presume que estos usaban empresas, negocios, escribanías, estaciones de servicios y templos para introducir el dinero proveniente del tráfico de clorhidrato de cocaína, simulando su procedencia. Así iban creciendo la estructura y, a la par, las investigaciones.
ENVÍOS A EUROPA. La estructura criminal traía las sustancias desde Bolivia y las descargaba en un establecimiento dentro de la Reserva Natural Cabrera-Timané, Alto Paraguay. De ahí eran repartidas en aeronaves a varias ciudades de Presidente Hayes, a Curuguaty y otras del Departamento Central. Allí las preparaban, escondidas en mercaderías, para enviarlas a países de Europa y África. Las drogas iban ocultas en bolsas de harina de soja, cargas de cuero y más productos, sin que alertaran los controles de seguridad.
La red criminal logró enviar, entre el 2020 y el 2021, al menos 17.340 kilos de clorhidrato de cocaína.
Esta organización tenía como principales líderes a Miguel Ángel y a Sebastián Marset (todavía prófugo). Este último se encargaba de coordinar en el extranjero el envío de las sustancias.