En vísperas de Semana Santa, el caso que salpica al ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, será finalmente cerrado atendiendo a que el pedido de interpelación que está pendiente de tratamiento no tiene apoyo de la mayoría cartista, según dejó entender el diputado Miguel Del Puerto, líder de la bancada oficialista.
Dicha afirmación la realizó ante medios acreditados de la Cámara Baja, tras la reunión de Mesa Directiva de la fecha.
“Mi opinión personal, pese a que aún no tocamos en bancada, es que es un caso cerrado administrativamente, ya se ha explicado todo y lo que cuestionamos es la conducta ética del senador (por Javier Vera) de haber solicitado esta vivienda”, puntualizó.
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Cabe recordar que el pedido de interpelación fue impulsado por el diputado Raúl Benítez, quien consideró que el MUVH se convirtió en una inmobiliaria cartista. A su vez, había cuestionado a Baruja sobre los requisitos a medida para el senador Chaqueñito para acceder a la adjudicación de un departamento en el edificio Las Residentas I de Luque.
Prevén una sesión extra para proyecto de gastos superfluos
Tanto el diputado Del Puerto como la diputada Rocío Vallejo, al término de la reunión de Mesa Directiva, señalaron que tras la sesión del próximo martes 31 de marzo, podría haber una extra para tratar el proyecto que contempla racionalización de los gastos en el presupuesto y recorte de bonificaciones a los distintos estamentos.
Sin embargo, Vallejo apuntó que deben revisar bien una ley ya vigente de tal modo a que no colisione o se repite en el proyecto que están impulsando varios diputados.
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Este martes, la Cámara de Diputados quedó sin cuórum en pleno tratamiento del proyecto de ley, supuestamente consensuado con todas las bancadas para eliminar gastos superfluos del Estado, en el marco del ajuste que alertó y exige el Ejecutivo. El proyecto plantea que nadie debe ganar más que el presidente de la República, Santiago Peña.
La iniciativa busca establecer un marco más estricto para el uso de los recursos del Estado, limitando pagos considerados superfluos y eliminando privilegios en distintos niveles de la administración pública. Entre sus principales puntos, se prohíben bonificaciones para altos cargos, seguros médicos privados para autoridades, provisión de combustibles sin justificación operativa y gastos protocolares no esenciales.
