La acción que quedó ante el juez en lo Civil, Rafael Blanco, es por la suma de G. 5.352.640.422, que fijaron como monto de la indemnización que reclaman al profesional por su supuesta inacción en la causa.
Alegan que el abogado tenía un vínculo contractual con la Capasa, hubo un incumplimiento imputable al profesional por la obligación asumida en el contrato, y un perjuicio patrimonial ocasionado a la empresa.
Remarca que la empresa estatal contrató los servicios del profesional el 25 de setiembre del 2012, y que el 1 de agosto del 2013, solicitó la intervención en la demanda de la Capasa contra Luis Cristaldo y otras personas, por unos G. 21.049 millones.
Remarca que el 2 de agosto del 2016, el demandado denunció la caducidad de instancia, lo que fue rechazada por el juez. Esto fue apelado, lo que por resolución del 20 de julio del 2021, el Tribunal e Apelación admitió la caducidad del pleito.
Esto fue confirmado por la Corte el 14 de agosto del 2023, con lo que dicen que hubo daño patrimonial.
