El secretario general del Congreso, Antonio Sánchez, presentó ante los legisladores un proyecto de modernización del Digesto Legislativo con el objetivo de sistematizar y depurar el ordenamiento jurídico paraguayo mediante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial. La iniciativa busca facilitar el acceso a las normas vigentes, eliminar contradicciones y brindar mayor seguridad jurídica.
Durante su exposición, Sánchez dijo que el país enfrenta una “hiperinflación legislativa”, con 7.687 leyes sancionadas desde la Constitución de 1992, lo que representa un promedio de 225 normas por año entre leyes promulgadas y objetadas.
Explicó que el gran volumen de legislación ha generado superposiciones, contradicciones e incertidumbre sobre cuáles disposiciones continúan vigentes. Incluso señaló que operadores de justicia recurren al Congreso para solicitar interpretaciones sobre normas debido a la complejidad del sistema.
“Hoy no tenemos la certeza de cuál ley está vigente”, afirmó, al tiempo de cuestionar la práctica legislativa de incluir cláusulas generales como “derógase toda disposición contraria a la presente ley”, sin identificar expresamente qué artículos o normas quedan modificados o derogados.
Sánchez sostuvo que el proyecto pretende establecer un sistema en el que todas las modificaciones y derogaciones sean expresas, permitiendo reconstruir el texto actualizado de cada ley. Para ello, propuso incorporar herramientas de inteligencia artificial que permitan analizar y relacionar automáticamente las normas vigentes.
Recordó que la iniciativa fue planteada en periodos legislativos anteriores y mencionó como referencia el caso de la provincia argentina de Misiones, donde un proceso similar redujo un universo de 33.500 leyes a unas 3.000, tras depurar el sistema normativo.
Asimismo, indicó que actualmente existen distintas dependencias del Congreso, como el Digesto, el SILPy y la Biblioteca que recopilan legislación, pero trabajan de manera aislada y sin un sistema integrado que permita identificar las modificaciones de cada norma o elaborar textos ordenados.
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El senador Rafael Filizzola respaldó la iniciativa y afirmó que actualmente resulta “sumamente difícil” para cualquier ciudadano conocer cuál es la legislación vigente sobre un tema específico.
Como ejemplo mencionó el Código Electoral, que acumula alrededor de 40 modificaciones, muchas de ellas alteradas posteriormente por nuevas reformas, lo que dificulta reconstruir el texto aplicable.
El legislador planteó que el objetivo debe ser contar con un sistema similar al de Uruguay y Chile, donde cada ley aparece consolidada con todas sus modificaciones incorporadas y enlaces que permiten consultar tanto las reformas como el texto original y las resoluciones de inconstitucionalidad.
A su criterio, además de facilitar el trabajo de abogados y jueces, el proyecto fortalece un principio democrático esencial. “Hoy nosotros no le estamos dando a la gente ese derecho esencial, que es conocer cuál es la ley vigente”, sostuvo.
Durante el debate, el senador Dionisio Amarilla consideró que el primer paso debería ser clasificar las leyes permanentes y separar aquellas de carácter temporal, como presupuestos, empréstitos, pensiones graciables o reconocimientos, reduciendo considerablemente el volumen normativo.
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Además, señaló que actualmente estudios jurídicos privados comercializan bases de datos actualizadas con legislación consolidada, por lo que consideró que el propio Estado debe ofrecer gratuitamente ese servicio.
Por su parte, la senadora Blanca Ovelar apoyó el proyecto y propuso que cada comisión permanente del Senado revise la legislación correspondiente a su área para detectar contradicciones, vacíos normativos y normas obsoletas.
Como ejemplo, mencionó la legislación ambiental, educativa y de acceso al agua potable, señalando que existen leyes superpuestas e incluso derechos fundamentales que no están claramente establecidos en algunas normas vigentes.
