El senador Sergio Rojas, presidente de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara Alta, explicó que la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) endureció los controles en la compra de explosivos debido al uso de los dispositivos en asaltos a bancos.
El último evento ocurrió hace un mes en Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, donde una gavilla de aproximadamente 20 delincuentes usaron explosivos para robar bancos de la zona.
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“Ustedes saben que hay un problema de seguridad nacional porque hay explosivos que son utilizados para este menester, ya que aparecieron en algunos asaltos a bancos, entonces la Digemabel empezó a poner más restricciones”, expresó refiriéndose a la Resolución Nº 260.
No obstante, sostuvo que las limitaciones también afectan a cantereros que requieren estos materiales para sus actividades y en ese sentido se trabaja en flexibilidades sin perjuicio de los controles.
“La intención, a través de nuestra comisión, es que la mayoría de la gente se pueda vincular y pueda adquirir de forma legal esos explosivos, porque ese es el problema principal que hoy tenemos: muy poca gente está habilitada a comprar ese explosivo y finalmente terminan en el mercado negro”, afirmó.
La comisión llevó adelante su segunda mesa de trabajo con el objetivo de destrabar los requisitos que enfrentan los propietarios de canteras para acceder de manera legal a explosivos.
“Hay un problema de seguridad nacional porque hay explosivos que son utilizados para este menester, aparecieron en algunos asaltos a bancos”.
Participaron representantes de canteras de distintos puntos del país, empresas del rubro, así como autoridades de la Digemabel, el Consejo de Defensa Nacional (Codena), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el Viceministerio de Minas y Energía.
Durante la reunión se abordaron los principales obstáculos que enfrentan los cantereros para cumplir con las exigencias legales. Uno de ellos es la obtención de las constancias de impacto ambiental, trámite que depende del Mades, por lo que se planteó agilizar su expedición para facilitar la habilitación de las canteras, proceso que también involucra al Viceministerio de Minas y Energía.
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Otro punto analizado fue la situación de la tenencia de tierras. Según se informó el senador, varias canteras funcionan sobre terrenos fiscales o se encuentran en procesos de usucapión, por lo que el Indert trabaja en mecanismos de regularización de títulos.
Asimismo, las instituciones discutieron aspectos relacionados con la trazabilidad de los explosivos y el costo de los controles.
“Muy poca gente está habilitada a comprar ese explosivo y finalmente terminan en el mercado negro”.
Las medidas tienen especial incidencia en zonas con alta actividad extractiva, como Itá, en el Departamento Central; Emboscada, en Cordillera, y San Lázaro, en Concepción, donde se concentra buena parte de las canteras del país.
Mayores restricciones
La Resolución N° 260/2026 de la Digemabel del 18 de junio pasado establece medidas extraordinarias y preventivas para fortalecer el control y la trazabilidad de explosivos, debido a que se encontraron restos de explosivos y accesorios comercializados legalmente en escenas de hechos punibles de “elevada complejidad operativa”.
Los análisis técnicos identificaron que materiales adquiridos por usuarios habilitados terminaron en escenarios ilícitos. Asimismo, se detectaron inconsistencias entre las cantidades de explosivos que los usuarios declaraban haber usado y las detonaciones que realmente ejecutaban.
Se identificaron como zonas prioritarias de intervención y fiscalización las ciudades de Itá (Departamento Central), Emboscada (Cordillera) y San Lázaro (Concepción).
En ese sentido, Digemabel dispuso la fiscalización presencial obligatoria de cada evento de detonación en estos lugares, además de restricciones en nuevas compras.
Como medida de apoyo, la dependencia militar recortó parcialmente los aranceles y absorberá en parte los costos operativos. De acuerdo con la resolución, Digemabel se hará cargo del desgaste de los vehículos y compensación de tres de los cuatro militares asignados para la fiscalización, mientras que las empresas deberán pagar el combustible y los servicios de un personal militar.
