La red de mensajería encriptada más grande del mundo se llamaba Sky ECC. Muchos de sus suscriptores eran organizaciones internacionales del crimen organizado. Los delincuentes, confiados en la total privacidad de Sky, intercambiaban información sobre narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y delitos violentos. Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial) logró infiltrar el sistema y descifrar el código de la red.
A principios de 2021 la infraestructura de Sky fue desmantelada y millones de chats fueron capturados. La aparición del nombre del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022, hizo que en el marco de la cooperación internacional, Europol compartiera dichos datos con las autoridades del Ministerio Público de Paraguay, presumiblemente a lo largo de la segunda mitad de 2022 y 2023, para incorporarlos como insumos claves a la investigación de los autores intelectuales del crimen.
No era poca cosa. Nos enteramos de que desde el año 2020 había paraguayos con intenciones de matar al fiscal. Los mensajes de Alexandre Rodrigues Gomes –hijo del ex diputado Eulalio Lalo Gomes– y un pistolero detenido por el asesinato del periodista Leo Veras, gracias a una investigación liderada por Pecci, son explícitos. Esos chats esbozaban un plan para asesinarlo, lo que se concretó trágicamente dos años después. Eso de ninguna manera significa que Alexandre haya sido el autor moral, pero sí abre nuevas vertientes en la investigación. La Fiscalía nos decía que no tenían nada, que los colombianos no ayudaban. Y el dato estaba aquí, no en Colombia.
Hace unos días, una impactante investigación periodística difundió el contenido de las comunicaciones. Pero mucho más sorprendente fue que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haya manifestado que desconocía la existencia de los chats. Si los mismos estaban en su institución, si la prensa pudo acceder a ellos, ¿cómo es posible que la máxima autoridad del Ministerio Público reconociera que se acababa de enterar?
Debería ser un caso emblemático para la Fiscalía General: La muerte en manos de narcos de uno de sus agentes más respetados. El Paraguay estaba siendo acusado de no haber puesto ganas en dilucidar. Y el fiscal general se muestra sorprendido.
La polémica fue incontenible. ¿Se trata de desidia, inutilidad o complicidad? Hice la pregunta a una aplicación de IA y su respuesta fue evasiva, aunque comentó que la situación era la cúspide de una ironía institucional que bordea lo absurdo. Es como si el capitán de un barco, alertado por un diario sobre un iceberg que su propia tripulación había fotografiado meses atrás, dijera "¡vaya, no lo esperaba! Lo investigaré”.
Las piezas de inteligencia enviadas por Europol estaban escondidas en algún cajón de la Fiscalía, donde ni Mandrake los encontraría.
Nos enojamos cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó al Gobierno paraguayo, en la Asamblea de la ONU, de no apoyar gestiones para identificar a los mandantes de los sicarios. Pero luego proyectamos esta sombra sobre la voluntad real de aclarar el magnicidio por parte de nuestro sistema de justicia. La tibieza de la Fiscalía envía un mensaje devastador a los fiscales y jueces honestos del país. La normalización del narcoestado se construye con debilidades como las de Emiliano Rolón y se difunde a toda la sociedad.
Casualmente, mientras se difundían los controversiales chats, en Pedro Juan Caballero la Junta Municipal, con el apoyo del intendente de la ciudad, Ronald Acevedo, y los directivos locales de la Asociación Rural del Paraguay, inauguran la calle “Eulalio Gomes”, cuya muerte está justamente ligada a la acción de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado durante el operativo Pavo Real II. El homenaje es un espejo de una sociedad que observa en silencio y con miedo.
Es el país en el que estamos viviendo. Solo nos queda describirlo, sabiendo que los ciudadanos estamos indefensos ante la narcoamenaza que coopta las instituciones.
