La semana pasada fue de público conocimiento el caso del doctor Gustavo Fernández, médico de IPS y ex director de Ingavi. El médico, que había padecido una descompensación, tuvo que ser llevado de urgencia a la previsional.
Miguel, hermano del médico, contó que su hermano sufrió un problema en la cabeza. Luego se supo que era un aneurisma.
El ex director de Ingavi tenía que ser operado y debían colocarle un catéter. Sin embargo, el procedimiento no pudo realizarse en la previsional a causa de la avería de los dos angiógrafos.
La denuncia volvió a desatar un vendaval de críticas hacia la previsional, que ya soportaba el peso de la muerte de Braulio Vázquez, quien también había fallecido esperando un cateterismo de urgencia.
Dentro de sus acostumbradas tormentas semanales y sus soluciones parches eternas, el presidente de IPS destituyó al director médico de Central y al director de Recursos Tecnológicos. Él sigue en el cargo.
Sin embargo, en medio del escándalo de IPS, hubo un hecho que pasó de largo y que también merece la atención, ya que es una realidad dentro de la precariedad del acceso a la salud en Paraguay.
El hermano del médico de IPS había contado que cuando este padeció el aneurisma, primeramente lo llevaron a un sanatorio privado a las tres de la mañana.
Según su testimonio, el funcionario que les atendió les dijo que solo lo recibirían, previo pago de G. 50 millones.
Obviamente que nadie va a andar con G. 50 millones por la vida y mucho menos a altas horas de la madrugada.
Los familiares hicieron todo lo posible para convencer al funcionario de que conseguirían el dinero horas más tarde, ya que a esa hora era imposible.
Pero no hubo caso. Fue ahí que llevaron al paciente a la previsional en busca de mejor suerte. Luego, tuvieron que volver al sanatorio privado y consiguieron acceder a la atención para la operación mediante contactos.
No conozco qué tipo de directivas manejan los empleados de los sanatorios privados. Me imagino además que el doctor Fernández era un asegurado del lugar donde había sido rechazado en ese momento.
Sí tengo entendido que el derecho del acceso a la salud es universal y más aún en un paciente que está debatiéndose entre la vida y la muerte a cada minuto en una situación como la que tomó estado público.
No puede ser que el factor económico esté por encima de la vida, más aún cuando los parientes del afectado habían dejado en claro que más tarde podían conseguir el dinero, ya que a esa hora era difícil.
Dirán que dentro de todo es una empresa privada, que se rige por sus propias reglas, que está establecido un contrato, etc., que la oferta y la demanda, y blablablá.
Pero en este caso, como en otros que ha sucedido en el sistema de salud privado, no puede ser que la vida del paciente dependa de depositar una suma equis.
Cuando importa más el poder del bolsillo por encima de brindar un servicio, estamos cayendo en una mercantilización que deshumaniza y pierde totalmente el norte de la medicina: salvar vidas.
Ese mismo norte que fue perdido en los meses más terribles de la pandemia en el 2021, cuando las familias, entre la desesperación y la incertidumbre, debían de pelear para cubrir los costos de los insumos que subían día a día.
Luego de varias horas y tras no conseguirlo en IPS, la familia del doctor Fernández logró que pueda operarse en el centro privado. Eso sí: le dieron un plazo estipulado para cubrir los G. 54 millones, que pudieron haber sido más si los colegas que lo operaron no hubiesen renunciado a sus honorarios.
El renunciamiento de los colegas del doctor Fernández deja el ejemplo de vocación y, sobre todo, de humanidad al mostrar que la vida y la salud no son mercancías.
