Los titulares del Ministerio del Interior, Enrique Riera, y de Defensa Nacional, Óscar González, encabezaron ayer una reunión con representantes de la Coordinadora de la Fuerza Pública y del Círculo de Oficiales Retirados de La Policía Nacional.
Tras el encuentro, Juan José Galeano, asesor económico de la Presidencia, calificó como una reunión “muy productiva” y señaló que lo primero que fue aclarado es que los derechos adquiridos de los retirados y activos “serán respetados”.
“Este proyecto de ley lo que busca es garantizar las jubilaciones presentes y futuras (...) para que todos aquellos que estamos aportando también el día de mañana podamos tener acceso a una jubilación digna. Se respetan los derechos adquiridos”, expresó en conferencia.
Sobre esa línea, Riera señaló que la reforma impactaría únicamente en los agentes más nuevos, ya que se acogerán a los cambios quienes tengan menos de 10 años de aporte o de servicio en la Policía Nacional, mientras que tampoco serán afectados los que tengan desde 15 años de servicio en las Fuerzas Armadas. “Que los reclutas les paguen a los más antiguos”, expresó.
Alegó que los uniformados ya están de acuerdo en acceder al beneficio de la jubilación a los 57 años, destacando que a esta edad aún “están impecables física, emocional y hasta con experiencia acumulada”. “Yo creo que va a terminar generando un cambio muy positivo en ambas fuerzas”, aseguró a su vez.
Igualmente, Óscar González sostuvo que hasta el momento se mantiene el plan de establecer una edad jubilatoria de 57 años con 35 años de servicio, aunque reconoció que aún se buscará realizar modificaciones, ya que algunos no podrán lograr el requisito. “Hay algunos ajustes que se deben hacer, porque hay oficiales y suboficiales que no van a llegar a los 35 años de servicio con 57 años, pero eso vamos a reglamentar, incorporar las modificaciones que se requieran”, adelantó.
Desde la Coordinadora de la Fuerza Pública señalaron que el sector es “jerárquico, obediente y no deliberante”, dando a entender que los agentes deberán solo acatar los cambios.
DESCONTENTO. Pese a que desde el Gobierno aseguraron que se trataba de representantes de todas las Fuerzas Públicas, varios agentes retirados salieron al paso y aseguraron que solo asistieron los afines al Gobierno. Cuestionaron que los asistentes hayan respaldado la propuesta oficial sin tener en cuenta la postura del resto. “No representan a más de 48.000 activos; a más de 20.000 retirados. Desde el punto de vista político-institucional, la representatividad es nula”, expresó el coronel retirado Felipe Mercado, quien había presentado el proyecto de ley de Reforma Integral de la Caja Fiscal, una propuesta paralela a la del Ejecutivo.
“Esto configura un acto de alineamiento político, no un espacio de diálogo social”, criticó finalmente.
Asociaciones se manifestarán hoy en rechazo
Ante el descontento tras la reunión, miembros de la Agremiación Frente de Unidad de las Fuerzas Públicas, conformada por agentes retirados, convocaron a una protesta desde las 07:00 de hoy frente al Congreso Nacional. El objetivo será presentar una nota al Congreso, rechazar la posibilidad de que se cree un ente autárquico para la Caja Fiscal y defender sus derechos adquiridos. Se prevé la presencia de afiliados provenientes de Central, Asunción, Ciudad del Este, Caazapá, Caaguazú, además de familiares de policías y militares aún activos, quienes por ley no pueden manifestarse.
Cappro se suma a reforma y rechaza más impuestos
La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), representada por Raúl Valdez, se sumó a la lista de organizaciones que se pronunciaron respecto a la necesidad de una reforma de la Caja Fiscal.
En ese sentido, el gremio industrial señala que los cambios del sistema ya no pueden tener postergaciones e instó a una reforma “estructural” que garantice la sostenibilidad.
“Entendemos la preocupación en torno a la situación y coincidimos en la necesidad de encarar una reforma estructural que garantice su sostenibilidad en el tiempo. La situación actual exige avanzar sin más postergaciones hacia soluciones de fondo, con responsabilidad, base técnica y una clara mirada de largo plazo”, apunta el texto.
Agrega que el diálogo que se está llevando adelante entre los diferentes sectores afectados, las autoridades nacionales y los parlamentarios implica un “debate necesario, correcto y que no admite dilaciones”, debido a que juega el futuro de las finanzas públicas de Paraguay.
Sin embargo, afirma que se deben incluir las causas estructurales que llevaron al millonario déficit, mientras que se debe evitar “soluciones coyunturales que terminen trasladando el déficit del sistema previsional a la economía formal y al sector productivo”.
Al respecto, al igual que los demás grupos empresariales o productivos, Cappro rechazó un eventual aumento en los impuestos o tasas para financiar el sistema.
“El sector productivo paraguayo ya realiza un aporte significativo al país a través de la inversión, la generación de empleo, exportaciones y pago de impuestos. En el caso del complejo sojero, además, la actividad opera actualmente con distorsiones impositivas vigentes, particularmente en el tratamiento del IVA, que afectan la competitividad y el normal funcionamiento de la cadena”, defiende el gremio.
