El diputado liberal Antonio Buzarquis mencionó que la detención de la directora del Registro Electoral de Caaguazú, Ada Caballero –quien llevaba 200 kilos de marihuana a Brasil–, confirma una vez más que la política, hoy en día, está inficionada por el narcotráfico. ”Esta es una prueba patente”, destacó.
“Si uno dice que en la política existen sectores narcos de la política, definitivamente, sí existen. Esto se demuestra, pero con pruebas patentes de que sí es así, definitivamente y lastimosamente”, expresó.
Indicó que el hecho pone en relieve que el funcionario público debe ser sometido permanentemente a un control. “A veces el nivel de vida de muchos funcionarios no condice con su nivel de ingreso. No puede ser que un funcionario que gane G. 3 a 4 millones lleve una vida ostentosa. Eso quiere decir que algo irregular está ocurriendo y para mí es un hecho grave”, manifestó el legislador del PLRA.
Sostuvo que el hecho “viene a desnudar que, definitivamente, se le está contratando a gente y metiendo a gente que probablemente tiene una conducta muy dudosa”.
Destacó la importancia de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia Gubernamental que el Gobierno actual quiere censurar. “Lo que ellos quieren tapar es que no se divulgue, no se acceda a datos, no se acceda a información”, indicó.
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También remarcó que el Estado tiene que establecer reglas más fuertes para el acceso a la función pública.
“No se cumple la ley del concurso de méritos y aptitudes, lo de la idoneidad, todo es historia” , significó.
Explicó que la Justicia Electoral tiene un sistema de representación partidaria y ese cargo le corresponde al Partido Colorado. “Si un partido político le va a proponer a un funcionario, se supone que tiene que buscar gente honorable, de buena conducta”, aseveró.
La funcionaria en cuestión es operadora política de la ANR, específicamente del equipo del diputado Miguel Del Puerto y al ser consultado si el hecho le salpica a su colega, Buzarquis precisó que las responsabilidades son absolutamente personales.
“Yo no creo que el diputado sea personalmente responsable de lo que haga su funcionario, A pesar de que, a lo mejor, políticamente trabajada con él, le afecta y le va a afectar seguramente, pero la responsabilidad penal, en cierto modo, es muy personal”, aseveró.
