01 feb. 2026

Burocracia de proyecto de control a ONG va en contra de participación

El proyecto de control a las ONG, lo que para algunos sectores es considerado como garrote a las que no se alinean, sigue en suspenso en la Cámara Baja. Afectados piden mesa técnica y audiencias.

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Audiencias. Organizaciones involucradas acudieron a debatir ampliamente el proyecto y pidieron una mesa técnica.

GENTILEZA

El proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro, que en su primera etapa se llevó a tambor batiente su aprobación en el Senado y ahora pasa por el análisis de Diputados, aún requiere de un amplio debate por parte de las autoridades. La sociedad civil coincide en que así como está constituye un retroceso, atenta contra varios artículos constitucionales referentes a la participación y, más que control, establece exigencias para restringir o trabajar el funcionamiento de organizaciones, en especial, las que cuestionan al Gobierno.
Desde hace más de un mes se dio una pausa al vertiginoso avance con que se dio trámite al proyecto de control de ONG, debido a la coyuntura parlamentaria.

Aún así, desde las organizaciones civiles se van muniendo de más argumentos para desarmar el propósito de la mayoría oficialista que, para algunos ya tienen postura tomada.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) dijo que tipo de proyectos que socavan la participación democrática no es “exclusivo” de país, sino que viene en coincidencia de una avanzada de rezago autoritarios que se van instalando de nuevo en la región.

Abordó la inconsistencia del proyecto desde tres puntos de vista. Primero, reparó sobre lo inexplicable de por qué se repiten la intención de controles.

“Nosotros creemos que primero se busca restringir el espacio de trabajo, que es cargando de burocracia innecesaria y cargando de acciones que se duplican y que no apuntan al objetivo de control y transparencia”, señaló.

“Lo que se busca es desalentar la participación de las organizaciones civiles. Las medidas, las que incluyen sanciones que no se sabe con qué criterio son desproporcionadas lo que buscan es restringir y no controlar en realidad”, dijo.

De acuerdo con su dictamen, la organización recordó que la propia Constitución garantiza la inviolabilidad documental de personas físicas y jurídicas. No obstante, el proyecto busca instalar un régimen de control que excede límites de información.

Posicionamientos. Los cartistas, si bien bajaron los decibeles y un ala más moderada, representada por el propio titular de la Cámara, Raúl Latorre, se expresó en favor de abrir a debate y hacer un profundo análisis del cometido del proyecto de ley, aún existe la intención de avanzar con el propósito incluso con todas las advertencias de inconstitucionalidad.

Para diputados que observan esta medida de origen cartista como una iniciativa persecutoria de las organizaciones sociales, el texto así como está debe afinarse o bien enviarse al archivo.

El diputado Antonio Buzarquis sobre el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” pendiente de estudio, dijo que el control debe comenzar por casa.

“Imagínate que el Gobierno pretenda controlar recursos que provienen del sector privado o de organismos internacionales, que tampoco digo que esté mal, pero debe ser bajo ciertas garantías de no invadir sobre todo las libertades y no cometer intromisión. Y sobre todo, mi posición es que el Estado tiene que comenzar el control, por ejemplo, por las binacionales. La Contraloría General de la República tiene que ingresar a las binacionales y hacer una auditoría”, manifestó.

“A eso yo le llamaría control. También planteamos la creación de la comisión bicameral para controlar la ejecución del proyecto de ley Hambre Cero, que fue rechazado. Entonces, hay una gran incoherencia. Y en torno al tema de los organismos no gubernamentales, quiero decirte que claro que estamos de acuerdo con el control y con la transparencia, pero bajo ciertos términos”, indicó el legislador .

Dijo que hilando fino la medida podría ser implementada si no se toman los recaudos necesarios, para una persecución a media del gobierno. “(...) que el Estado no utilice esto como herramienta de persecución política, que no termine siendo esto sencillamente un garrote”, dijo.

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Creemos que primero se busca restringir el espacio de trabajo, que es cargando de burocracia innecesaria. Dante Leguizamón, secretario de Codehupy.

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Que el Estado no utilice esto como herramienta de persecución, que no termine siendo sencillamente un garrote. Antonio Buzarquis, diputado del PLRA.

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